Autoridades estadounidenses informaron sobre la detención de Diana Toro Díaz, de 44 años de edad, a manos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), luego de que intentara entrar a Canadá con un nombre falso.
De nacionalidad mexicana y colombiana, la mujer es señalada como presunta integrante de una estructura financiera vinculada al Cártel de Sinaloa, organización criminal que durante años fue encabezada por Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada.
Tras su captura en el Aeropuerto Internacional de Montreal, permanece bajo custodia en un centro migratorio mientras autoridades canadienses analizan su posible extradición a Estados Unidos.
¿Quién es Diana Toro Díaz?
Diana Toro Díaz había estado bajo el radar de autoridades mexicanas y estadounidenses desde hace años, pues en 2006 fue detenida en México tras el aseguramiento de 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Ciudad del Carmen. Sin embargo, salió en 2007 por falta de pruebas.
Desde el 2010, junto con su esposo Alejandro Flores Cacho, cuenta con una designación en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bajo la Ley Kingpin, que permite congelar activos vinculados al narcotráfico.
Flores Cacho está identificado por agencias estadounidenses como operador clave en rutas aéreas utilizadas para el tráfico de drogas y dinero entre Sudamérica, México y Estados Unidos. Fue acusado formalmente en 2008 por un tribunal federal en Houston por narcotráfico y lavado de dinero, y desde entonces permanece prófugo.
¿Cómo operaba la red criminal de Diana Toro Díaz?
De acuerdo con investigaciones estadounidenses, Diana Toro Díaz habría participado en la administración de una red empresarial utilizada para el lavado de dinero. Entre los negocios señalados se encuentran:
Empresas de carga aérea
Escuela de aviación en Cuernavaca
Restaurantes
Negocios agrícolas
Rancho ganadero
Club deportivo
Empresas de manufactura y venta de artículos de oficina
Estas actividades presuntamente funcionaban como fachada para operaciones ilícitas en México y Colombia, que operaban en regiones como Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca y Colombia.