La autodeterminación y el antiimperialismo no son temas de seminario: son el oxígeno político de México. Hoy, ante el embate despiadado de la visión trumpiana de un mundo subordinado a Washington, nos obliga a reflexionar y empezar a hablar con los dientes apretados.
En México, la autodeterminación es columna vertebral del Estado. Fue el núcleo de la lucha revolucionaria y el cimiento del orden posrevolucionario, al reconocer el derecho de los campesinos a decidir sobre su propia tierra. Con la promulgación de la Constitución de 1917, México se erigió en referente mundial del respeto irrestricto a la soberanía, la no intervención y el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación como principios cardinales de las relaciones entre Estados.
El imperialismo estadounidense exhibe hoy su peor versión en años. Venezuela, Groenlandia, Cuba, Irán, Colombia, México: el mapa de la agresión yanqui se extiende con la impunidad de quien no tiene contrapeso. Y a nivel interno, la ultraderecha mexicana está dispuesta a todo -lo que no pueden ganar legítimamente en las urnas quieren que sea arrebatado- ese es el deseo de una oposición ridícula y de manual, escrito por la estadista Lilly Téllez, con tal de servir los intereses desestabilizadores de Washington, actuando como peones de una estrategia injerencista con la participación encubierta de agentes de la CIA operando en territorio nacional.
Sostener que en la administración Trump se imparte justicia es una obscenidad intelectual. Este es el régimen que detiene, deporta, encarcela y mata por razón de raza y origen; que indulta a un narcotraficante, el expresidente hondureño; que secuestra a un presidente en funciones acusándolo de liderar un cártel que ni siquiera existe; que cumplirá sus amenazas sobre Cuba y Groenlandia. Esta es la peor versión de Estados Unidos en muchos años.
Las solicitudes de detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa y otros señalados, con independencia de los elementos de prueba aportados, ya cumplieron su cometido mediático. No obstante la secrecía que mandata el tratado bilateral, la filtración fue quirúrgica. No se trata de inocencia o culpabilidad: se trata de la presión injerencista impuesta al gobierno de la Dra. Sheinbaum, y del colaboracionismo servil de quienes, como la gobernadora Maru Campos, prefieren arrodillarse ante la CIA que defender la dignidad de su propio país. La agencia protege a los suyos. Y vaya que se nota.
La Presidenta hace bien: la soberanía no se negocia. Si Rocha Moya y compañía son culpables, deben asumir su responsabilidad tanto en México como ante quien corresponda. Pero esa misma lógica, con absoluta coherencia, obliga a procesar legalmente a la gobernadora de Chihuahua por violar la Ley de Seguridad Nacional y la propia Constitución. Los traidores siempre están entre nosotros, y la justicia no puede ser selectiva si pretende ser justicia.
POR DIEGO LATORRE LÓPEZ
@DIEGOLGPN
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