La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha confirmado el cese total de actividades biológicas en la Granja Porcícola Santa María, ubicada en Santa María Chi, Yucatán.Tras una inspección realizada el pasado 29 de abril, se certificó que la empresa Pecuaria Peninsular, S.P.R. de R.L. de C.V. completó el retiro de 41,570 ejemplares porcinos, dando cumplimiento a la clausura total definitiva dictada por la autoridad.
Este proceso de desocupación no fue inmediato, sino que respondió a un programa calendarizado de cierre de operaciones que inició en septiembre de 2025 y concluyó en abril de 2026. La salida de los animales marca el fin de la etapa operativa de una planta que se convirtió en el centro de una batalla legal y ambiental en la región, derivado de prácticas que comprometieron los recursos naturales locales durante años.
La sanción que derivó en este cierre fue emitida formalmente el 4 de septiembre de 2025. La Profepa tomó esta determinación tras detectar un incumplimiento reiterado de medidas correctivas, destacando principalmente la descarga directa de aguas residuales sin autorización y la omisión en la caracterización de lodos. Además del cierre, la autoridad impuso una multa por 18,668,100 pesos a la empresa responsable.
¿Por qué se ordenó la clausura de Pecuaria Peninsular?
El conflicto legal tiene raíces profundas que se remontan a 2021, año en que diversas organizaciones civiles y comunidades mayas comenzaron a interponer denuncias formales. Los habitantes señalaron que la operación masiva de la granja generaba impactos ambientales severos y deterioraba la calidad de vida en las zonas circundantes. Estas quejas ciudadanas fueron el motor que impulsó las inspecciones técnicas de la Procuraduría.
La actual administración ambiental, encabezada por la procuradora Mariana Boy Tamborrell, enfatizó que este retiro masivo de cerdos no solo responde a una infracción administrativa, sino a la atención de reclamos históricos. El objetivo central de la intervención es frenar las afectaciones al ecosistema y garantizar que la industria porcícola no opere por encima de la protección del medio ambiente y la salud pública.