Víctor Hugo Quero Navas, fue detenido en enero de 2025, murió bajo custodia del Estado venezolano en julio de ese año, y solo ahora, en mayo de 2026, el gobierno lo admite a través de un comunicado. Durante más de un año le negaron información a su madre, una mujer de más de 80 años, que recorrió cárceles, fiscalía, tribunales y defensoría del pueblo, sin recibir respuesta.
“Hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”, señala el ministerio del Servicio Penitenciario como causa de muerte el día 27 de julio del 2025, y agrega que el detenido no suministró datos sobre vínculos filiatorios, y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal, y que por eso se procedió a su entierro el 30 de julio del año pasado.
Sin embargo, eso es desmentido por su familia. Su madre, Carmen Navas, recorrió durante más de un año varias cárceles, entre ellas el Rodeo 1, donde estuvo detenido y siempre le negaron que estuviese. Incluso en decenas de diligencias ante fiscalía y tribunales, el silencio era la respuesta.
La muerte de Víctor Quero desató una ola de indignación y exigencias de justicia por parte de políticos, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que reclamaron al Estado una investigación exhaustiva e independiente.
El caso además sería un ejemplo de lo que por años han denunciado en Venezuela como “desapariciones forzadas”, pues a la familia de este preso político siempre le negaron su detención. De hecho, apenas el lunes pasado, Carmen Navas seguía recorriendo oficinas públicas con una foto de su hijo y una sola palabra escrita: ‘desaparecido’.
“Un insulto a la madre que llevaba más de un año buscando a su hijo, un caso que es responsabilidad del Estado definitivamente, por la desaparición forzosa, como podían decir que esa persona se iba a comunicar con la familia si siquiera le dieron derecho a la defensa”, señaló Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.
El nuevo Fiscal General (desde hace un mes en el cargo) ya ejecutó junto a un grupo de forenses la exhumación del cadáver para esclarecer los hechos e iniciar la investigación correspondiente. Esto mientras la Defensora del Pueblo (igual con un mes a cargo) exigió reformas profundas del sistema de justicia que erradiquen los abusos y la impunidad.