El Gobierno de México participó en la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desaparición de personas en el país, acto que la propia administración federal calificó como un hecho de relevancia para el compromiso con la cooperación y el fortalecimiento del sistema multilateral. Altas autoridades de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores recibieron con respeto institucional el documento.
La presentación fue encabezada por la Comisionada y Relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak, y abrió espacio para exponer la ruta de atención trazada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que pone a las familias al centro de la estrategia para mejorar resultados. Entre los avances generados destacan la reforma legislativa de 2025, construida de la mano de las familias, y la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El acto contó con la asistencia de familias, colectivos de búsqueda, representantes gubernamentales, agencias de Naciones Unidas, el cuerpo diplomático en México y organizaciones de la sociedad civil, configuración que reúne a los principales actores involucrados en la problemática.
Voces del Gobierno Federal: cómo se construyó la postura institucional
El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, recordó que la presidenta instruyó atender la desaparición de personas como una prioridad nacional, en la que todas las instituciones del Gobierno de México cooperan para erradicar el delito y atender a las víctimas.
"Las reformas, mecanismos y acciones que hoy impulsa el Estado mexicano han sido construidas escuchando las voces de las víctimas y de sus familias, sus experiencias y sus exigencias. Nos parece importante mencionar y agradecer, que la Comisión haya incorporado los comentarios, información y avances impulsados por el Estado mexicano durante la administración", precisó Medina.
El funcionario valoró que la Comisión reconozca el enfoque de atención a las causas, el fortalecimiento institucional, las reformas construidas con familias y las acciones en búsqueda e identificación humana.
Por su parte, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, subrayó que "las soluciones más efectivas y duraderas se construyen en colaboración con el Estado, a través de sus instituciones, en coordinación con todos los órdenes de gobierno y con la participación activa de la sociedad civil". La diplomacia mexicana mantendrá el diálogo con la CIDH y ampliará los programas de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
10 acciones operativas: el inventario de medidas vigentes del Estado mexicano
Estas son las acciones que actualmente opera el Estado mexicano en materia de desaparición de personas:
La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición.
La creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
La creación de la Plataforma Única de Identidad.
La obligación de que los estados cuenten con fiscalías especializadas y se creen unidades especializadas relacionadas con este delito.
El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento.
La obligación de que todos los registros oficiales de personas desaparecidas cuenten con datos mínimos para identificar a las personas.
La garantía de la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.
La incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas, así como otras instituciones, al Sistema Nacional de Búsqueda.