El senador Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que el fuero en el sistema jurídico mexicano protege la función pública, no a la persona que ocupa el cargo. Esta aclaración surge en el contexto de la situación del ahora gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, quien, al separarse de su puesto, queda sujeto a los procedimientos legales como cualquier ciudadano.
Explicó que el fuero, una figura histórica en el sistema jurídico mexicano, es un "resabio" de las luchas del siglo XIX. Sin embargo, su concepción actual difiere de su origen. Silva Romo detalló que hoy en día, el fuero se entiende principalmente como una inviolabilidad parlamentaria para las opiniones expresadas en el ejercicio del cargo, y en segundo lugar, como una inmunidad procesal penal.
"Hoy el fuero ya no es lo que era antes, sino hoy el fuero debe ser considerado en primer lugar como una inviolabilidad parlamentaria para opiniones y en segundo lugar como una inmunidad procesal penal, que no es lo mismo a decir que hay total inmunidad. Esto no es así", enfatizó el legislador.
Una protección diseñada para salvaguardar el encargo público
Detalló además que esta protección está diseñada para salvaguardar el encargo público, ya sea de un gobernador, una gobernadora, un presidente o presidenta municipal, o un legislador de la República, como los senadores, mientras se encuentran en funciones.
El senador fue enfático al señalar que el fuero protege la función, no a la persona. Por lo tanto, cuando un funcionario solicita una licencia para separarse de su cargo, la protección del fuero deja de aplicarse al individuo, quien entonces queda a disposición de cualquier procedimiento legal necesario.
"El fuero protege a la función. Así que en este caso con la licencia, por ejemplo, de el gobernador de Sinaloa o de un presidente municipal en Culiacán, ya no se continúa con este fuero y se ponen a disposición de el procedimiento que sea necesario", dio a conocer Silva Romo.
En el caso específico del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, el legislador indicó que la investigación correspondiente deberá seguir su curso, siempre apegada al marco jurídico mexicano. Esta, precisó, será conducida por la Fiscalía General de la República (FGR), y las pruebas que, en su caso, aporte el gobierno de los Estados Unidos, tendrán que ser valoradas conforme al sistema jurídico mexicano.
Destaca postura de Claudia Sheinbaum
También resaltó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, según sus palabras, ha mantenido una línea clara: "Aquí ella siempre ha estado a favor de la justicia, a favor del combate del crimen, nunca ha estado a favor de proteger absolutamente a nadie".
Silva Romo expresó que la manera en que se anunció públicamente la solicitud de extradición "llamó la atención", ya que la naturaleza de estos procedimientos suele requerir secrecía y confidencialidad para el avance efectivo de las investigaciones y reafirmó que, si las pruebas lo ameritan y son valoradas, cualquier persona será detenida.
Finalmente, el senador subrayó la postura unificada del Estado mexicano ante estas situaciones. "Hay una postura del Estado mexicano, no únicamente de la titular del Poder Ejecutivo. La presidenta es la jefa del Estado mexicano, una postura de total combate al crimen organizado, una convicción firme de la obligatoriedad de las leyes mexicanas, pero también una postura de respeto en esta relación bilateral con nuestros vecinos del norte y con cualquier otra nación soberana", concluyó.