Ahora, 53 consulados de México en Estados Unidos están en la mira y forman parte del debate derivado de la revisión anunciada por autoridades estadounidenses. La polémica surge en un clima de tensión diplomática entre México y Estados Unidos, marcado por diferencias en temas migratorios, de seguridad y política bilateral. Sin embargo, más allá de las disputas políticas, resulta indispensable pensar en las y los mexicanos que viven en el país vecino y dependen de la atención y el apoyo que brindan estas instituciones.
La propia presidenta aseguró en días pasados que los connacionales son pieza clave para la economía nacional. Se estima que son más de 38 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, quienes, además de enviar remesas, fortalecen la economía tanto de México como de Estados Unidos.
Miles de migrantes dependen diariamente de la atención, orientación y protección consular. Los consulados mexicanos cumplen una función esencial para quienes viven, trabajan, estudian o viajan en Estados Unidos. Su tarea es proteger los derechos humanos e intereses de las y los ciudadanos mexicanos en el extranjero. A través de estas oficinas se realizan trámites indispensables para su vida cotidiana y también funcionan como un puente de comunicación entre las comunidades mexicanas y el gobierno estadounidense.
Asimismo, promueven la identidad mexicana mediante actividades culturales y comunitarias que ayudan a preservar las tradiciones nacionales entre quienes viven lejos de su país de origen. Nuestros migrantes nunca olvidan sus raíces, su estado ni su comunidad. Mantienen vivas sus tradiciones, apoyan a sus familias y contribuyen al desarrollo de sus lugares de origen.
También es cierto que algunos consulados han sido objeto de críticas por nombramientos de personajes sin carrera en el Servicio Exterior Mexicano, sin experiencia ni formación profesional en diplomacia, derecho internacional o protección consular. Exgobernadores, políticos y perfiles ajenos al servicio diplomático han generado cuestionamientos legítimos. Por ello, resulta indispensable que el actuar de los consulados sea plenamente transparente y apegado a la ley.
La Constitución otorga al Poder Ejecutivo Federal la facultad de dirigir la política exterior y nombrar representantes diplomáticos y consulares, mientras que el Senado aprueba determinados nombramientos. Por su parte, la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece las funciones de embajadas y consulados, así como las obligaciones de protección y asistencia a mexicanos en el extranjero.
Es precisamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores donde debe prevalecer la responsabilidad institucional para evitar confrontaciones innecesarias. Porque, en medio de cualquier diferencia política o diplomática, no se puede permitir que los principales afectados sean nuestros connacionales.
Para millones de mexicanos en Estados Unidos, los consulados representan mucho más que oficinas administrativas: son espacios de orientación, protección y acompañamiento. Por ello, cualquier discusión sobre su funcionamiento debe priorizar el bienestar de la comunidad migrante, fortalecer la transparencia institucional y garantizar una relación bilateral basada en el respeto y la cooperación entre ambos países.
Se trata de un tema delicado que debe transparentarse plenamente para despejar cualquier duda sobre posibles acusaciones relacionadas con el uso de los consulados para otros fines. Por el bien de quienes no pueden estar en su tierra y hoy viven del otro lado de la frontera.
POR JULIETA DEL RÍO
EX COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
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