El reiterado reclamo del presidente de los Estados Unidos respecto a que el Gobierno de México no ha hecho su trabajo en el combate al narcotráfico resulta injusto frente a los hechos que acreditan el compromiso de nuestro país en esta materia. Nada parece haber sido suficiente para satisfacer al gobierno vecino, pese a que México ha enfrentado este flagelo con determinación, no solo mediante el combate frontal a los cárteles, sino también atendiendo las causas sociales que facilitan el reclutamiento de personas por parte de las organizaciones criminales.
La entrega a los Estados Unidos de 92 integrantes de grupos criminales recluidos en cárceles mexicanas, entre ellos Rafael Caro Quintero, cuya extradición fue negada durante más de cuarenta años; el desmantelamiento de más de 2 mil 600 narcolaboratorios y la implementación del Operativo Enjambre, que ha golpeado redes criminales infiltradas en distintos niveles de gobierno en el centro y occidente del país, son muestra clara de ello. Dichas acciones han derivado en la captura de diversos funcionarios públicos y cómplices vinculados con actividades ilícitas. Incluso, autoridades estadounidenses han reconocido una reducción cercana al treinta por ciento en las muertes relacionadas con el consumo de fentanilo durante el último año.
Sin embargo, lejos de reconocer estos esfuerzos en un tono de respeto y cooperación, el presidente Donald Trump ha recurrido al insulto y a la amenaza, no solo contra la Presidenta de México, sino contra nuestro país en su conjunto. Particularmente delicada resulta la referencia a una posible intervención armada, evocando episodios históricos dolorosos como la invasión de 1848, en la que México fue despojado de más de la mitad de su territorio, sin que existiera entonces -como tampoco ahora- agravio alguno de nuestra parte hacia el gobierno o el pueblo de los Estados Unidos. Se trata de expresiones que, lejos de fortalecer la relación bilateral, reflejan un trato injusto hacia México y tensan una relación que debería sustentarse el respeto mutuo entre ambas naciones.
En materia migratoria también existen hechos concretos que demuestran el compromiso de México para regular el tránsito irregular hacia los Estados Unidos. El despliegue de diez mil elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la frontera norte y el reforzamiento permanente de las labores de vigilancia han contribuido a reducir de manera importante el flujo migratorio ilegal hacia territorio estadounidense. Aun así, nuestro país enfrenta nuevas amenazas, como la posibilidad de cerrar consulados mexicanos en Estados Unidos bajo acusaciones infundadas de presunta intervención política en favor del Partido Demócrata.
Frente a estas acusaciones infundadas y amenazas injustificadas, resulta inevitable preguntarse si el verdadero propósito de este trato no es otro que debilitar la posición de México rumbo a la revisión del T-MEC, particularmente después de que México y Canadá manifestaran su intención de construir acuerdos previos y concurrir con una posición coordinada frente a Estados Unidos.
México seguirá apostando por la cooperación y el diálogo, porque esa ha sido históricamente la vía para construir entendimiento entre ambas naciones. Pero ninguna relación bilateral puede sostenerse sobre amenazas o presiones. La defensa de la soberanía nacional y del principio de no intervención seguirá siendo un límite irrenunciable para nuestro país.
POR LUIS FERNANDO SALAZAR
PAL