Hace un par de meses publiqué en este espacio una columna donde advertía sobre la posibilidad real de que el gobierno de los Estados Unidos operara directamente contra los cárteles de la droga en territorio mexicano. Donald Trump necesitaba construir una narrativa de fuerza frente al crimen organizado vinculado con el tráfico de drogas y era evidente que México se convertiría en el eje central del discurso de seguridad estadounidense.
La polémica estalló recientemente por el caso Chihuahua. El gobierno estatal permitió la participación de agentes norteamericanos en operativos contra grupos criminales en la entidad. La revelación provocó un fuerte debate sobre los límites de la cooperación en materia de seguridad: mientras algunos aplauden estas acciones, otros ven una peligrosa cesión de la soberanía. El episodio confirmó que la intervención norteamericana es una realidad.
También señalé en aquella columna, la necesidad que tenía Donald Trump de realizar acciones contundentes para fortalecer su posición rumbo a las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre próximo. La política norteamericana atraviesa una etapa donde la percepción pública pesa más que los resultados de largo plazo. En ese contexto, mostrar mano dura frente a los cárteles mexicanos representa una herramienta electoral muy rentable.
De acuerdo con diversas encuestas, Donald Trump incrementó alrededor de tres puntos su aprobación después de realizar imputaciones contra políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado. El dato revela algo fundamental: la confrontación con México genera rentabilidad política. Históricamente, la política norteamericana ha utilizado enemigos externos para consolidar consensos internos; hoy los cárteles mexicanos ocupan ese lugar.
Ya no hablamos de escenarios especulativos sino de la realidad: el gobierno de Donald Trump está interviniendo directamente en territorio mexicano contra los cárteles y esas acciones le generan beneficios políticos inmediatos. La discusión ya no gira sobre si existe intervención, sino sobre el alcance que tendrá en el futuro. Washington llegó a la conclusión de que la cooperación tradicional fue insuficiente para contener el tráfico de drogas.
El rechazo a este ánimo intervencionista se convirtió en la principal bandera política de la Cuarta Transformación. Distintos liderazgos oficialistas han insistido en denunciar cualquier acción norteamericana como un atentado contra la soberanía nacional. Existen razones legítimas para oponerse a cualquier exceso intervencionista de Washington, pero el problema es que el oficialismo ha reducido toda la discusión al terreno simbólico del nacionalismo político.
El principal argumento afirma que México es un país soberano y que resultan inadmisibles las acciones de cualquier gobierno extranjero que pretenda vulnerar nuestra autonomía. En términos jurídicos, ese argumento tiene sustento evidente; sin embargo, la soberanía no puede entenderse únicamente como un principio abstracto desligado de la capacidad efectiva del Estado. Un país soberano debe garantizar la seguridad y combatir organizaciones criminales efectivamente.
Mientras se reivindica la soberanía desde el discurso político, amplias zonas del país siguen atrapadas por dinámicas criminales cada vez más complejas y esa contradicción es precisamente la que aprovecha Washington para justificar sus acciones. El problema no es solamente lo que dice Estados Unidos, sino la incapacidad del gobierno mexicano para acabar de forma contundente con el avance territorial y económico de los cárteles de la droga.
El gobierno de Donald Trump mantiene un renovado ánimo intervencionista y existen ejemplos que lo demuestran. Las recientes acciones en Venezuela e Irán sirven de advertencia para intuir hasta dónde están dispuestos a llegar. Aún así, no puede ignorarse un elemento fundamental: las actividades criminales de los cárteles mexicanos sí tienen un impacto directo en territorio estadounidense. La mayor parte de las drogas que ingresan a su país, se producen o transitan por México.
A diferencia de los argumentos utilizados para justificar intervenciones en otros países, en el caso mexicano existe evidencia de que una posible colusión entre funcionarios públicos y organizaciones criminales tendría repercusiones directas sobre la seguridad estadounidense. Ese es precisamente el punto más delicado de toda la discusión. Las acusaciones sobre vínculos políticos con el narcotráfico dejaron de ser especulaciones mediáticas.
Si la 4T continúa utilizando el discurso de la soberanía nacional sin enfrentar seriamente la posible infiltración criminal en estructuras políticas y gubernamentales, el panorama para México podría deteriorarse aún más en los próximos meses. Nada bueno vendrá para nosotros si el conflicto con el vecino del norte sigue escalando. Todo en su justa dimensión: Washington siempre encuentra pretextos para intervenir; México lleva demasiado tiempo dándoselos.
POR HÉCTOR SERRANO
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