El actual tironeo entre Estados Unidos y México a propósito de las acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha por complicidad con el narcotráfico podría considerarse como la situación más complicada de la relación bilateral desde 1985, cuando el secuestro, tortura y asesinato en Guadalajara del agente antinarcóticos estadounidense Enrique Kiki Camarena puso de relieve lo que desde Washington se vio como protección gubernamental para evitar la extradición de Rafael Caro Quintero, uno de los líderes fundadores del legendario Cartel de Guadalajara.
El periodo entre el secuestro de Camarena, su muerte y la captura de Caro Quintero ocurre entre febrero y abril de 1985. La extradición del jefe narcotraficante ocurrió 40 años después, en febrero de 2025.
Pero el caso de Rocha parecería muy distinto, por sus posibles alcances.
La saga de Caro Quintero se inició en noviembre de 1984, cuando un operativo conjunto de soldados mexicanos con la Agencia Antidrogas (DEA) estadounidense resultó en el desmantelamiento de su rancho El Búfalo, en Chihuahua, donde se cultivaba marihuana y estaba protegido por agentes de la ahora desaparecida Dirección Federal de Seguridad.
El siete de febrero de 1985, Camarena y su piloto Alfredo Zavala fueron secuestrados y llevados a un rancho presuntamente propiedad de Rubén Zuno, donde fueron torturados y asesinados. Hubo desde entonces versiones sobre la presencia de funcionarios mexicanos en ese lugar y uno de los rumorados, el entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlettt, combatió legalmente por años la versión, al amparo de una carrera política que lo llevó a ser secretario de Educación, gobernador de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y luego senador y director de la Comisión Federal de Electricidad por partidos de izquierda coaligados en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Los cadáveres de los agentes fueron descubiertos el cinco de marzo en un rancho en Michoacán. Caro Quintero huyó del país el 17 de marzo a Costa Rica, donde fue detenido y extraditado a México el cuatro de abril de 1985.
Y desde entonces hubo peticiones de extradición del gobierno estadounidense, que enfrentaron demoras judiciales y tácticas legales, y no tuvieron éxito sino hasta el 27 de febrero de 2025, cuando fue enviado a Estados Unidos.
Ese no es el antecedente que las autoridades mexicanas o estadounidenses quieren evocar, pero parece como la táctica jurídica más viable en el caso de Rocha, el gobernador de Sinaloa, ahora con permiso pero con fuero, y los acusados en su compañía y de Audias Flores El Jardinero, cómplice y presunto sucesor de Nemesio Oseguera, El Mencho, al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las repercusiones del caso Caro Quintero aún se sienten en la confianza estadounidense en la policía y el sistema judicial mexicanos, al poner de manifiesto una maraña de interacciones entre narcotraficantes y partes del aparato político mexicano, que de creer a la acusación estadounidense continúan hasta ahora
Pero es de dudarse que las prácticas de posponer y dilatar tengan un éxito comparable: ni la situación, ni el mundo ni los gobiernos involucrados son los mismos.