Washington.- La acusación formal de narcotráfico, colusión con el Cártel de Sinaloa y posesión de armas del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, del senador morenista, Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, aceptemos o no, queramos o no, colocó en un narco dilema a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Son varios los factores del encauzamiento develado por el fiscal federal, Jay Clayton, del Distrito Sur en Nueva York, que debemos entender antes de emitir cualquier juicio: primero, que Rocha Moya, Inzunza Cázarez y los otros ocho acusados, no son culpables de nada a menos que se les demuestre lo contrario en un juicio y ante un jurado calificador.
Segundo, que aunque la presidenta Sheinbaum y la FGR exijan al Departamento de Justicia pruebas o evidencias contundentes de la acusación a los 10 “presuntos” narco políticos, Clayton no se las dará porque bajo la ley solamente se presentan en un juicio. Jurídicamente ni la parte acusadora ni los acusados queman sus naves antes de tiempo.
Tercero, Sheinbaum tiene la enorme presión para decidir si al país le conviene o no incumplir con el acuerdo de extradición que se tiene con Estados Unidos, tomando en cuenta que oficialmente, y antes del golpe narco político soltado en Nueva York, el Departamento de Estado solicitó formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores la detención de los 10 acusados con fines de extradición.
Cuarto, no podemos subestimar la irracionalidad e impredecibilidad del presidente Donald Trump en su actuar contra lo que él llama el narcoterrorismo y aquí entran dos hechos, el antecedente de que en enero de este año el Pentágono llevó a cabo una operación quirúrgica y expedita en Caracas para secuestrar y extraer al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, acusados de narcotráfico ante la misma Corte en donde se presentó la querella contra Rocha Moya y los otros nueve acusados. Además, la memoria periodística nos machaca que el 2 de abril de 1990 en Jalisco, el entonces agente de la DEA, Héctor Berrellez, a cargo de la investigación del secuestro, tortura y asesinato en Guadalajara de su colega Enrique “Kiki” Camarena, secuestró al doctor Humberto Álvarez Machain y se lo llevó a El Paso, Texas, por su presunta implicación en ese caso.
Quinto, que Trump sigue burlándose de las conversaciones que tiene con Sheinbaum y amagando con enviar al Pentágono a México para acabar con el narcotráfico. Trump asegura que conoce las guaridas de los capos y sabe hasta el color con el que están pintadas esas madrigueras.
Sexto, que la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa y los otros nueve mexicanos de esa entidad, está plagada de declaraciones que los fiscales -bajo el mando Clayton-, han sacado a testigos protegidos o cooperantes y/o a potenciales testigos protegidos y cooperantes como Ovidio y su hermano Joaquín Guzmán López, acusados de narcotráfico en Chicago, Illinois, y encaminados a concluir un acuerdo con el Departamento de Justicia para evitar pudrirse en una cárcel. En este mismo casillero de pájaro cantor puede estar el auténtico capo de capos del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García, y otros delincuentes ahora exculpados por el hipócrita sistema judicial de Estados Unidos que increíblemente los ha perdonado, dándoles otra identidad, empleo, amén de permitirles vivir con algo de la fortuna que amasaron metiéndole todo tipo de narcóticos a los gringos.
Séptimo, que no hay duda alguna de que el caso de Rocha Moya, Inzunza Cázarez y otros ocho, es parte de la herencia que le dejó Andrés Manuel López Obrador a Sheinbaum por lo que el narco dilema abre la interrogante de saber si la presidenta se deslindará de ello.
Octavo, que Sheinbaum puede intentar llegar a un acuerdo narco político con Trump como el que hizo AMLO con el mandatario estadunidense en su primer mandato para el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exigiendo que se retiren los cargos Rocha Moya a Inzunza Cázarez y a los otros ocho o a cualquiera de los 10 que elija porque, de lo contrario, México expulsaría a los 70 agentes que tiene la DEA en el país.
Noveno, que actuar sin tiento político sobre el asunto puede perpetuar el tilde opositor nacional y visión desde el extranjero de que en México hay un narco gobierno.
Y décimo, que es imposible siquiera insinuar que en Sinaloa no hay narco corrupción. En todo lugar del mundo, el narcotráfico no podría existir sin la corrupción a cualquier nivel gubernamental y policial. Negarlo es como decir que no existe el sol.
POR: J. JESÚS ESQUIVEL
@JJESUSESQUIVEL
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