En México no siempre faltan políticas públicas; lo que muchas veces falta es que se cumplan. El caso de Ascensión, Chihuahua, deja ver con claridad un problema que se repite más de lo que debería: beneficios fiscales que existen en el papel, pero que no llegan a quienes realmente los necesitan.
Desde 2018, el gobierno federal estableció una serie de estímulos fiscales para la frontera norte con un objetivo legítimo: fortalecer la competitividad económica frente a Estados Unidos. Entre ellos, la reducción del Impuesto Sobre la Renta, la aplicación de una tasa preferencial del 8% de IVA y esquemas de apoyo en el precio de los combustibles. En su momento, fue una política bien planteada para impulsar la inversión, aliviar la carga tributaria y dinamizar la actividad productiva en una región clave para el país.
Sin embargo, la realidad cuenta otra historia. En municipios como Ascensión, esos beneficios no se están viendo como deberían. Contribuyentes que cumplen con los requisitos se topan con obstáculos para acceder a los estímulos, dificultades para aplicar la tasa reducida del IVA e incluso enfrentan condiciones adversas en el precio de los combustibles.
En gasolina y diésel, el problema no empieza en la gasolinera. México importa más de la mitad de la gasolina que consume, por lo que el precio base depende del mercado internacional y del tipo de cambio, además de costos logísticos que lo encarecen desde su origen. Para compensar esto existen estímulos como la reducción del IEPS -con apoyos cercanos a $1.12 por litro en gasolina y $1.15 en diésel- especialmente en la frontera norte. Pero cuando estos no se aplican correctamente, el efecto es directo: combustibles más caros, mayores costos para producir y transportar, y una pérdida real de competitividad.
El problema no es menor. Cuando una política pública se queda en el anuncio, pierde su capacidad de cambiar la realidad y termina convertida en una promesa vacía. Más aún, cuando quienes cumplen con sus obligaciones fiscales no pueden acceder a los beneficios previstos por la ley, se genera una distorsión que castiga la formalidad y debilita la confianza en las instituciones.
Lo que ocurre en Ascensión no parece ser un caso aislado, sino el reflejo de algo más profundo: la distancia entre lo que se diseña en el papel y lo que realmente sucede en el territorio. Desde el centro se crean esquemas que, en teoría, atienden necesidades regionales; pero en la práctica se pierden entre trámites, criterios administrativos o, simplemente, falta de atención.
Las consecuencias son reales. Se afecta la competitividad de los negocios, se encarece la operación de los sectores productivos y se coloca en desventaja a comunidades que, por su condición fronteriza, deberían estar siendo fortalecidas. En lugar de cerrar brechas, se terminan ampliando.
La frontera norte no necesita más decretos ni más anuncios. Necesita certeza. Necesita que las reglas se cumplan y que los beneficios lleguen, de verdad, a quienes están diseñados para recibirlos. Porque de poco sirve construir políticas públicas ambiciosas si, en los hechos, siguen siendo inaccesibles.
POR MARIO VÁZQUEZ ROBLES
SENADOR DE LA REPÚBLICA
Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
@MarioVzqzR
MAAZ