Si de verdad queremos hablar de la eficacia del gobierno federal en México, hay un tema que no se puede esquivar: la justicia que se aplica a conveniencia. Porque cuando la ley se usa de forma selectiva, no solo se castiga a unos y se protege a otros, también se debilita la democracia poniendo en riesgo la gobernabilidad del país.
El caso de Rubén Rocha Moya se ha convertido en un símbolo de esa tensión entre discurso y acción. A pesar de los señalamientos públicos, investigaciones y presiones internacionales, la respuesta institucional ha sido débil, tardía y profundamente insuficiente.
En los gobiernos del PRI y del PAN hubo procesos contra exgobernadores, como Tomás Yarrington, Roberto Borge o Javier Duarte; imperfectos, sí, pero visibles. Hoy, en los sexenios de Morena, la justicia parece vivir del pasado: continúan lo que otros iniciaron, les gusta hablar del pasado pero evitan tocar el presente. Y la pregunta es inevitable: con todo el poder que tienen, ¿por qué hoy no actúan?
El problema no es jurídico, sino estructural. La inacción del gobierno federal frente a gobernadores señalados por posibles vínculos con el crimen organizado envía un mensaje de permisividad. En diversas entidades federativas, la sospecha de pactos tácitos entre autoridades y grupos criminales ha coincidido con un deterioro en indicadores de desarrollo económico, seguridad y bienestar social, basta voltear a ver a Durango. No es casual que estados con alta presencia del crimen organizado presenten también rezagos significativos en inversión, empleo y calidad de vida. La ausencia de un Estado Federal fuerte o la percepción de colusión, inhibe el desarrollo sostenible.
El factor internacional es clarísimo: cuando Estados Unidos cancela o restringe visas a políticos mexicanos, no es casualidad, es señal de que algo grave investigan. No son sentencias, pero sí alertas serias. Y mientras esas señales se acumulan, el gobierno federal no responde: prefiere polarizar políticamente en lugar de actuar.
La doble moral es evidente, se cuestiona públicamente a figuras como Maru Campos y, por el otro, se evita actuar con la misma contundencia frente a gobernadores afines bajo sospecha o escrutinio internacional. Esta selectividad debilita el Estado de derecho.
Durante años, la cooperación bilateral ha sido clave para desarticular redes criminales. Negar o desacreditar esa colaboración, mientras se omite actuar internamente, no fortalece la soberanía; por el contrario, evidencia una falta de capacidad para enfrentar el problema.
Dice Dante Delgado que “no puede haber paz sin justicia, ni justicia sin instituciones que actúen sin miedo y sin consigna”. La frase sintetiza el dilema actual: un gobierno que proclama justicia pero la aplica a conveniencia termina debilitando las bases mismas de la paz.
La ineficacia del gobierno federal no es solo falta de resultados es falta de voluntad. Estos casos tendrían que resolverse en México, no fuera. Mientras no haya una política firme, pareja y sin importar colores y filiaciones contra la corrupción y el crimen organizado, el país seguirá atrapado en el mismo círculo: impunidad que genera pobreza y violencia que nunca termina.
POR PATY FLORES ELIZONDO
DIPUTADA FEDERAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO
@PATY_FLORESE
PAL