Hay algo todavía más grave en México que la expansión del crimen organizado, y tiene que ver con la progresiva normalización de la convivencia entre el poder político y los cárteles. El pacto entre criminales y gobernantes ya es algo que nadie puede siquiera cuestionar. Y el caso del exgobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, se ha convertido en el ejemplo más devastador de esa degradación institucional.
Durante años, Morena construyó un discurso moral donde se presentaba como la gran regeneración ética de la vida pública. La “transformación” prometía acabar con la corrupción, romper con las viejas complicidades y separar definitivamente al poder político del poder criminal. Hoy, esa narrativa se derrumba frente a la realidad incómoda de que las acusaciones más graves de colusión criminal contra altos funcionarios mexicanos ya no apuntan únicamente a caciques locales o a políticos marginales, sino que alcanzan directamente al corazón del partido gobernante.
Las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya no son menores ni anecdóticas. Según la acusación presentada en Nueva York, el entonces gobernador habría recibido apoyo electoral de grupos delictivos a cambio de protección política e institucional. La investigación incluso involucra a otros funcionarios y figuras relevantes del aparato político sinaloense.
El caso de Rocha Moya no parece aislado, sino que se inserta en una acumulación de señales, episodios y sospechas que desde hace años han erosionado la credibilidad del discurso oficial sobre seguridad. Golpea la legitimidad completa de la estrategia de “abrazos, no balazos” que supuso no solamente la pasividad frente al crimen, sino la abierta connivencia con él. Hoy podemos afirmar que numerosos alcaldes y gobernadores morenistas han entregado el poder al crimen organizado, en detrimento de sus ciudadanos. En vastas áreas del país, el Estado no existe.
Durante años, el obradorismo sostuvo que la violencia se resolvería atendiendo causas sociales y evitando la confrontación directa. Pero el resultado visible para millones de mexicanos ha sido otro: expansión territorial del crimen, cobro de piso, desapariciones, control regional y debilitamiento institucional.
En lugar de exigir investigaciones exhaustivas y deslindes inmediatos, buena parte del oficialismo cerró filas alrededor del exgobernador. Morena ya no se comporta como un partido dispuesto a combatir la infiltración criminal, sino como un régimen decidido a protegerse políticamente frente a cualquier señalamiento.
Morena prometió transformar el país. Pero siete años después, México parece acercarse peligrosamente a otro modelo: el de un Estado donde las fronteras entre gobierno y crimen organizado comienzan a volverse cada vez más borrosas.
POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL
POLITÓLOGO
@FERDOVAL
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