Ante el caso de Rubén Rocha debemos evitar quedar atrapados en la coyuntura de las minucias jurídicas del proceso, en el debate nacionalista o, peor aún, en el usual análisis de la “grilla” palaciega que produjo el escándalo. Este caso, que ya había sido ampliamente documentado en México, es más que coyuntural. Estamos ante la evidencia de un mal sistémico: ante un esquema que se repite en distintas regiones del país.
Se trata de la muestra nítida del Estado cooptado por grupos armados que controlan territorios e imponen órdenes paralelos al institucional. Sinaloa no es una anomalía, sino una síntesis: desde la intervención electoral hasta el amasiato burocrático, entre autoridades y criminales. No estamos ante una “oveja negra”, sino frente a un sistema.
Hoy la pregunta es cuántos gobernadores, alcaldes, jueces y servidores públicos en México están comprometidos por los cárteles. En Sinaloa, por ejemplo, varios presidentes municipales vinculados a ese entramado político-criminal siguen en funciones. Bastaría mirar a Badiraguato, tierra natal de Rocha y El Chapo, y donde sigue vigente ese grupo político de la mano de Morena.
Pero el fenómeno no se limita a Sinaloa. Michoacán ofrece otro caso revelador. En 2024, el Tribunal Electoral Federal anuló la votación de cuatro municipios enteros por la intervención del crimen organizado en la elección a gobernador y, aun así, validó el resultado electoral. ¿Por qué en Michoacán las organizaciones criminales se metieron a la elección? ¿Qué objetivos y pactos tenían ahí? ¿Cuántos alcaldes o miembros del gobierno estatal deben su triunfo a esos pactos?
La pregunta más importante es ¿por qué el gobierno mexicano no ha actuado en esa y en otras entidades como Sonora, Tamaulipas, Tabasco y Guerrero? No es exagerado afirmar que decenas —si no es que cientos— de servidores públicos operan bajo la influencia del crimen organizado. Tan sólo en 2024, 43 aspirantes a cargos de elección popular fueron asesinados, en su mayoría candidatos a alcaldías. En muchos de esos casos no hubo negociación, sino imposición violenta de allegados a los cárteles.
El caso de Pihuamo, en Jalisco, ilustra con claridad esta dinámica. El alcalde Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección, fue asesinado en 2024. Durante la jornada electoral, desaparecieron la mayoría de los paquetes electorales y, pese a ello, el proceso fue validado. La intervención fue tan evidente que el partido ganador, Movimiento Ciudadano, sustituyó durante la campaña a su candidato, pero conservó el triunfo. Cabe preguntarse: ¿se puede confiar en un alcalde que surge de un proceso así?
Como ese municipio hay decenas. Esta es la verdadera crisis de soberanía, que es interna antes que externa. Por eso la intervención de Estados Unidos no es la causa de nuestra débil soberanía, sino un síntoma. Refleja la incapacidad —o la falta de voluntad— del sistema de justicia mexicano para enfrentar un problema que ya hizo metástasis. Que Rocha y sus allegados sigan en libertad sólo lo confirma.
Si el gobierno de Claudia Sheinbaum creía que sólo retomando su obligación de combatir y detener criminales era suficiente para corregir el rumbo de su antecesor, se equivocó.
Hoy ya no es un asunto de cuántos arrestos logran, o cuánto suben o bajan algunos delitos; hoy la lucha es por quién gobierna realmente y se les medirá por lo que hagan para limpiar la casa.
POR CARLOS MATIENZO
DIRECTOR DE DATAINT
@CMATIENZO
MAAZ