Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de México acompañada por un séquito de gobernadores que, en 2021, ascendieron al poder bajo la sombra protectora de Andrés Manuel López Obrador: Marina del Pilar Ávila, Evelyn Salgado, Alfredo Ramírez Bedolla, Ricardo Gallardo, Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y David Monreal no solo fueron beneficiarios del arrastre electoral del entonces presidente; fueron parte de un proyecto que convirtió Palacio Nacional en un búnker de campaña permanente, un cuartel político disfrazado de gobierno.
Quizás -solo quizás- ahí se encuentre la explicación a la pregunta que hoy recorre el país: ¿por qué la defensa férrea, casi visceral, desde la presidencia hacia Rubén Rocha Moya? ¿Por qué el blindaje automático, la negación inmediata, la narrativa de víctima que se activa cada vez que aparece un señalamiento? La respuesta es evidente: porque todos llegaron juntos, porque todos se deben entre sí, porque todos forman parte de un mismo pacto de impunidad.
Antes y después de la elección presidencial de 2024, las denuncias sobre posibles vínculos entre estos gobernadores y el crimen organizado se multiplicaron. Las advertencias fueron reiteradas, documentadas, públicas, y también incluyeron a otro grupo de mandatarios que llegaron al poder en 2018: Américo Villarreal, Adán Augusto López Hernández, Rutilio Escandón, Cuauhtémoc Blanco y otros tantos funcionarios del oficialismo que desfilaron por la lista de “distinguidos” integrantes de la narcopolítica que la “transformación” ha normalizado.
Con semejante acumulación de señalamientos, lo mínimo que se esperaba era que el gobierno federal iniciara investigaciones formales, porque la ley lo exige. Pero el oficialismo eligió otro camino: negar, proteger, encubrir. La consigna fue clara: “no se toca a los nuestros”.
Y así, mientras el discurso de “abrazos, no balazos” ya había dejado al país en manos de grupos criminales fortalecidos, la normalización del asalto al poder por parte del crimen organizado terminó por sellar la degradación institucional. El mensaje fue devastador: no solo no se combate al crimen, sino que se le abre la puerta de la política para que sean ellos quienes encabecen.
Hoy, la presidenta insiste en un concepto retorcido de soberanía para justificar su inacción. Bajo ese argumento, descalifica a quien se atreve a señalar lo evidente, incluso si se trata de nuestro principal socio comercial. La cancelación de visas a funcionarios mexicanos, las solicitudes de detención provisional con fines de extradición y las investigaciones internacionales no han provocado una sola reflexión en Palacio Nacional.
La respuesta ha sido la misma: negar, minimizar, victimizarse y activar la maquinaria de propaganda. Una red de políticos, voceros, propagandistas y funcionarios públicos que se despliega con precisión quirúrgica para blindar a los señalados. No importa la gravedad de las acusaciones ni la evidencia disponible: la prioridad es proteger al grupo, no al país.
Para nadie es desconocido que los cárteles han ampliado su catálogo de delitos de alto impacto, muchos de ellos considerados crímenes transnacionales. Esa realidad obliga a México a cooperar con otros países, a intercambiar información, a cumplir con tratados internacionales. Por eso, la soberanía no puede ser degradada como escudo para la impunidad; es una responsabilidad. Y hoy, esa responsabilidad está siendo abandonada.
Si la presidenta realmente defendiera la soberanía nacional, estaría obligada a garantizar que ninguna fuerza -ni interna ni externa- dicte las reglas del control territorial. Pero bajo el mandato de Morena, amplias regiones del país están bajo dominio criminal, como ha sido documentado por investigaciones periodísticas, organismos internacionales y agencias de seguridad. Por ello, el grito defensor de “pruebas, pruebas, pruebas” carece de sentido.
No tenemos ninguna certeza hasta hoy, de que avance el proceso contra Rubén Rocha Moya y los demás implicados. De hecho, existe el riesgo de que, luego de las licencias al cargo, tardemos años en conocer su paradero y en aplicar la justicia. Por ello, debemos exigir que todos los gobernadores y funcionarios señalados rindan cuentas al país. La oposición debe demandarlo sin interponer las relaciones personales y de convivencia que hoy mantengan con el oficialismo.
Porque México no puede seguir atrapado entre un gobierno que niega la realidad y un crimen organizado que la impone, menos con una clase política complaciente que exige cuando ya es inevitable, pero que calla mientras no se afecte a sus pequeños cotos de poder.
El obradorato nos llevó, del cuestionado pacto por México entre partidos políticos, al pacto por la impunidad con los cárteles de las drogas. Los mexicanos merecemos instituciones que investiguen, no que encubran; merecemos gobernantes que respondan, no que se protejan entre sí. Porque la soberanía también se defiende enfrentando y sancionando a quienes han traicionado al país desde el poder.
POR ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ
POLÍTICA Y ACTIVISTA
PAL