La solicitud de extradición de diversos funcionarios y servidores públicos de Morena en funciones e inactivos, lejos de sorprendernos, confirman las preocupaciones que durante años hemos venido señalando en distintas regiones del país, el dinero del narcotráfico permea los diversos niveles de gobiernos.
La acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, el senador por ese estado, así como contra integrantes de sus círculos cercanos y funcionarios, no es un asunto menor. Estamos frente a un documento judicial que habla de vínculos con el crimen organizado, de la forma en que se metió el crimen en las elecciones y de una probable red de protección institucional.
En este contexto, la solicitud de licencia al cargo tanto del gobernador como del presidente municipal de Culiacán, junto con otros funcionarios señalados, no puede interpretarse como una solución de fondo. Es, en todo caso, un primer paso que abre una etapa aún más delicada: la de esclarecer los hechos con total seriedad.
Desde el Partido Acción Nacional, y en congruencia con lo que ha señalado nuestra presidenta estatal, Wendy Barajas Cortés, nos sumamos a este llamado a nivel nacional: lo que sigue es lo verdaderamente importante. La ciudadanía merece saber qué ocurrió, hasta dónde llegan las responsabilidades y, sobre todo, tener la certeza de que no habrá protección política para nadie. Para eso es necesario que el Senado de la República, debe evaluar de inmediato la desaparición de poderes en la entidad como medida para ir solucionando la crisis de inseguridad que se vive en ese estado. Imponer a alguien del mismo grupo para conducir en estos momentos el estado, no da la confianza necesaria a la población.
Hay que destacar que intentar reducir este momento a una discusión sobre soberanía o a un intercambio de posturas resulta insuficiente frente a la gravedad de lo que está en juego. Aquí no se trata de discursos, sino de instituciones que deben responder con claridad.
Sinaloa atraviesa desde hace tiempo una crisis de seguridad que ha marcado la vida cotidiana de miles de familias. La violencia persistente, el miedo y la incertidumbre no son percepciones aisladas, son una realidad que no ha logrado ser contenida. En ese contexto, cualquier señalamiento sobre posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado adquiere una dimensión aún más preocupante.
Por eso, este caso no puede quedarse en un episodio más. Estamos frente a una situación que pone a prueba la solidez de las instituciones, la capacidad del Estado para actuar y la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
También es indispensable cuidar la gobernabilidad. A la violencia que ya enfrentan las familias sinaloenses no puede sumarse la inestabilidad institucional. Sinaloa necesita instituciones firmes, decisiones apegadas a la ley y certidumbre.
Este momento debe marcar un punto de quiebre. No sólo para asumir responsabilidades, sino para avanzar en la reconstrucción de la paz en el estado. México no puede normalizar la violencia ni acostumbrarse a la duda sobre quienes gobiernan.
A nivel nacional, corresponde a las autoridades federales actuar con seriedad, profundidad y sin distinciones frente a lo que ha sido denunciado por autoridades de Estados Unidos. Cada señalamiento debe revisarse con rigor y cada responsabilidad, en su caso, atenderse conforme a derecho.
No se trata de adelantar conclusiones ni de ignorar el principio de presunción de inocencia. Se trata de entender que la responsabilidad pública también implica dar certezas.
Porque cuando la confianza se debilita, gobernar se vuelve más difícil. Y hoy, más que nunca, México necesita instituciones que estén a la altura del desafío.
Por eso, lo que hoy se discute en torno a Sinaloa no puede reducirse a una disputa política. No se trata de quién obtiene ventaja en el corto plazo. Se trata de algo más profundo: la capacidad del Estado mexicano para sostenerse frente a la presión del crimen organizado.
En ese sentido, la investigación de los hechos debe ser seria, exhaustiva y sin distinciones. No puede haber espacios de protección política ni zonas de comodidad. Cada señalamiento debe revisarse con rigor, y cada responsabilidad, en su caso, debe enfrentarse conforme a la ley.
Cuando una entidad enfrenta condiciones en las que la seguridad, la gobernabilidad y la confianza institucional están comprometidas, el Estado tiene la obligación de actuar. No por cálculo político, sino por responsabilidad pública. Sinaloa merece certidumbre.
Las familias sinaloenses merecen vivir en paz, con instituciones que funcionen, con autoridades que estén de su lado y con un gobierno capaz de enfrentar los desafíos de seguridad con eficacia y transparencia.
México necesita gobiernos que enfrenten al crimen con determinación y esa es una línea que, por el bien del país, debe quedar perfectamente clara.
Si de las investigaciones se desprenden pruebas claras sobre vínculos entre partidos políticos y el crimen organizado, las autoridades no pueden mirar hacia otro lado. La cancelación del registro no es un exceso, debe ser una consecuencia cuando se traiciona la confianza ciudadana. Porque un partido que se aparta de la legalidad deja de representar a la gente y pone en riesgo algo mucho más grande: la integridad de nuestras instituciones.
JORGE ROMERO HERRERA
PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
@JorgeRoHe
EEZ