Existe una idea sencilla pero reveladora: para conocer a una persona no basta escuchar sus discursos formales, sino observar lo que dice en contextos relajados, en conversaciones informales o comentarios espontáneos. Es ahí donde suelen asomarse, sin filtros, los valores y principios que realmente guían su conducta.
Este criterio resulta especialmente útil cuando se trata de figuras públicas. Por ejemplo, cuando una autoridad minimiza una agresión contra una mujer o la revictimiza, deja ver con claridad el lugar que ocupa la dignidad de las mujeres dentro de su escala de prioridades. Lo mismo puede aplicarse a otros temas sensibles, como la relación entre el poder político y el crimen organizado.
En el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, diversas declaraciones han encendido alertas. En una entrevista, ante la pregunta directa de si era necesario coordinarse con el narcotráfico, respondió: “Hay que buscar una forma de hacerlo”. En otro contexto, se dice que señaló que para gobernar el estado era necesario contar con el “visto bueno” de estos grupos.
A ello se suman los datos. De acuerdo con cifras del INEGI, entre 2024 y 2025 la percepción de inseguridad en Sinaloa aumentó del 55 al 80 por ciento. La preocupación por el narcotráfico también creció del 21 al 30 por ciento, así como los niveles de extorsión, que alcanzaron su punto más alto en los últimos 15 años. No se trata sólo de declaraciones polémicas, sino de una realidad que afecta directamente a la ciudadanía.
En este contexto, el reciente señalamiento del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador y algunos de sus colaboradores, por probables vínculos con el narcotráfico, añade una dimensión internacional al problema. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la necesidad de “verdad, justicia y defensa”, subrayando que no se encubrirá a nadie y que cualquier proceso deberá sustentarse en pruebas.
Conviene recordar que la extradición es un procedimiento administrativo que no implica culpabilidad, sino la posibilidad de que una persona enfrente un juicio en otro país. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿con qué frecuencia se ha visto que autoridades en funciones enfrenten este tipo de señalamientos?
Al final, más allá de si las acusaciones resultan ciertas o no, quienes enfrentan las consecuencias cotidianas de la violencia y la inseguridad son las y los ciudadanos. Familias enteras, y en particular niñas, niños y adolescentes, que viven bajo el impacto constante de un entorno marcado por el miedo y la incertidumbre.
Quizá por eso el dicho popular cobra sentido: cuando el río suena, es que agua lleva. La exigencia social es clara: que la verdad se esclarezca y que la justicia actúe sin distinciones. Solo así será posible comenzar a reconstruir la confianza y recuperar la tranquilidad que hoy parece lejana. ¿Usted qué opina?
POR JOSÉ LUIS AYOUB
COLABORADOR
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