Durante años, México cometió un error recurrente: convertir el combate a la delincuencia organizada en un debate electoral y no en una discusión de Estado. El resultado está a la vista. Cada crisis de seguridad termina atrapada en la disputa entre partidos políticos, mientras las organizaciones criminales continúan adaptándose, creciendo y ocupando espacios de poder.
Hoy vuelve a ocurrir.
La presidenta Claudia Sheinbaum parece haber corregido parcialmente el rumbo en la estrategia de combate a los grupos criminales. Hay señales de una política más enfocada en inteligencia, investigación y persecución criminal. Además, México cuenta actualmente con un secretario de Seguridad técnicamente sólido y con experiencia operativa, acompañado de perfiles profesionales que conocen el fenómeno delincuencial más allá del discurso político.
Sin embargo, el principal obstáculo quizá ya no esté únicamente en el terreno operativo, sino en el peso político e ideológico del propio movimiento gobernante. El guion de confrontación heredado por la llamada “4T” impide que muchos avances puedan discutirse con serenidad institucional y termina arrastrando cualquier acción de seguridad al terreno de la polarización.
Eso explica por qué, frente a hechos de enorme relevancia para la persecución criminal, el debate público rápidamente se degrada. Se confunden procesos de extradición con procesos penales; se mezclan responsabilidades políticas con responsabilidades jurídicas; y lo que debería asumirse como una oportunidad para reivindicar la capacidad del Estado mexicano para perseguir estructuras criminales termina convertido en un episodio más de disputa electoral.
El problema es mucho más profundo.
Mientras México siga discutiendo la seguridad pública como un instrumento de desgaste entre fuerzas partidistas, difícilmente podrá construir una política sostenida y eficaz contra la delincuencia organizada. Porque las organizaciones criminales no piensan en elecciones. Piensan en expansión territorial, control económico, captura institucional e influencia política.
Por eso vale la pena estudiar el origen y evolución de la delincuencia organizada, particularmente su capacidad para infiltrarse en espacios de poder y buscar protección política, antes que caer en la tentación de responsabilizar indiscriminadamente a gobiernos, partidos o personajes específicos.
No se trata de Sinaloa.
Tampoco de ex servidores públicos presos en México o en Estados Unidos.
Se trata de entender que la delincuencia organizada se convirtió desde hace tiempo en un fenómeno con capacidad de presión política, económica y social. Y es justamente ahí donde debería centrarse el debate nacional.
Porque mientras la clase política siga peleando entre sí, el crimen organizado seguirá ganando terreno.
P.D. Felicidades a Heraldo Media Group, su directiva y equipo de trabajo, por 9 años de abrir un espacio de opinión y debate.
MANELICH CASTILLA CRAVIOTO
COLABORADOR
@MANELICHCC
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