En una democracia, la congruencia es una obligación. El Estado de derecho exige reglas claras y aplicación uniforme de la ley; sin embargo, el oficialismo ha normalizado una práctica peligrosa.
Una vara para aliados y otra -más severa- para la oposición.
El contraste entre el trato a la gobernadora de Chihuahua y al gobernador con licencia de Sinaloa evidencia la desproporción política y jurídica que vivimos en nuestro país.
En Chihuahua vimos presión política, mediática e institucional. Ha habido señalamientos amplificados y exigencias inmediatas, incluso antes de una determinación jurídica firme. En Sinaloa, en cambio, prevalecen cautela, silencio y una renuencia evidente a exigir cuentas con la misma energía. ¿Qué cambió? No los principios; la afiliación política.
Esta selectividad erosiona tres pilares. Primero, la imparcialidad del Estado pues las instituciones no pueden operar como extensiones del partido en el poder. Segundo, el debido proceso, ya que la justicia no es espectáculo ni propaganda; exige investigación técnica y presunción de inocencia. Tercero, la rendición de cuentas, porque el escrutinio debe ser simétrico, no condicionado por conveniencias.
Lo que observamos es una peligrosa instrumentalización del poder, el uso selectivo de facultades, filtraciones y narrativas oficiales para incidir en la opinión pública. La legalidad deja de ser fin y se vuelve herramienta de control.
En todos los espacios, e incluso en esta columna, lo hemos sostenido con claridad: no hay combate a la corrupción sin instituciones autónomas y profesionales. Y no hay instituciones fuertes si el poder político interviene para torcerlas.
La congruencia no se predica; se ejerce.
La doble vara tiene costos reales pues genera incertidumbre jurídica, desalienta la inversión y debilita la confianza ciudadana. Cuando las reglas cambian según quién esté en el banquillo, el mensaje es devastador: la ley no es pareja.
La paradoja es clara, porque para quienes prometieron erradicar privilegios, hoy reproducen el mayor de ellos: la cercanía política. Se condena a unos y se protege a otros; se exige transparencia afuera y se administra opacidad adentro.
Nuestra postura es firme: la ley no se negocia, se aplica sin excepciones; por eso exigimos investigaciones con rigor técnico, respeto al debido proceso y resoluciones basadas en pruebas, no en narrativas, ni linchamientos mediáticos ni encubrimientos institucionales.
Lo que México necesita es certeza, no discrecionalidad y mucho menos de improvisación. La pregunta que queda en el aire es simple: ¿un país de ley pareja o de justicia selectiva?
La respuesta definirá nuestra democracia. Porque la justicia selectiva no es justicia, es abuso de poder. Así de simple.
Por Ernesto Sánchez
Diputado federal del PAN
@ErnestoSR_MX
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