Hay una parte de la conversación pública que rara vez se dice en voz alta. No todo lo que hoy funciona en el país lo hace porque esté resuelto. Muchas veces funciona porque alguien, en algún punto, decidió no soltarlo.
Esa diferencia —entre lo que está resuelto y lo que simplemente se sostiene— es más profunda de lo que parece. Porque cuando sostener deja de ser una respuesta momentánea y se convierte en una condición permanente, el esfuerzo cambia de naturaleza. Ya no es una reacción: es una carga.
Y lo permanente, inevitablemente, desgasta. Desgasta operar en la incertidumbre. Desgasta tomar decisiones sin claridad. Desgasta mantener en pie dinámicas que no siempre encuentran respaldo suficiente.
Pero hay un desgaste más complejo, menos visible: el de acostumbrarnos. Acostumbrarnos a que las cosas funcionen “como se pueda”.
A que resolver sustituya a planear.
A que sostener sea más importante que construir.
Ahí es donde la normalización empieza a jugar en contra.
Hoy, esa normalización también alcanza al poder.
En Sinaloa, las recientes denuncias públicas contra el gobernador y distintos funcionarios no solo abren un frente legal o mediático. Abren algo más delicado: la discusión sobre la legitimidad.
Porque cuando las acusaciones no son aisladas, cuando se acumulan y conectan con lo que muchos ya intuían desde hace tiempo, la pregunta deja de ser incómoda para volverse inevitable.
¿Qué tan legítimo es un poder que llega bajo sospecha?
En 2021, el proceso electoral estuvo marcado por condiciones que, para muchos, distaron de ser equitativas. Señalamientos de intervención, presiones y apoyos indebidos —incluida la sombra del crimen organizado— no fueron parte de una narrativa marginal, sino de una conversación que nunca terminó de cerrarse. No se trata solo de lo que pueda probarse en tribunales.
Se trata de lo que una sociedad percibe. Y cuando la percepción de origen es frágil, el ejercicio del poder también lo es. Ahí es donde el desgaste cambia de dimensión.
Porque ya no es solo la ciudadanía sosteniendo lo que no termina de resolverse. Es una ciudadanía sosteniendo, además, instituciones en las que empieza a dejar de confiar. México ha demostrado una enorme capacidad de resistencia. Pero resistir no es lo mismo que avanzar.
Y tal vez ahí está el punto más incómodo de la conversación. En entender que sostener, por sí solo, no alcanza. Que ningún país puede depender indefinidamente de la capacidad de adaptación de su gente mientras el poder evade, posterga o no logra disipar dudas sobre su legitimidad.
No todo lo que hoy se mantiene en pie está necesariamente bien. Porque un país no debería medirse por cuánto aguanta su gente, sino por qué tan limpio, legítimo y confiable es el origen y el ejercicio del poder que la gobierna. Y frente a lo que viene, la decisión será inevitable:
seguir normalizando… o empezar, por fin, a poner límites
POR DRA. ELSY LÓPEZ MONTOYA
Insta: elsy.lopez.montoya
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Face: Elsy López Montoya
MAAZ