En México, la educación siempre aparece en el discurso político como prioridad nacional. Todos los gobiernos hablan de ella como la gran herramienta para combatir la desigualdad, construir oportunidades y transformar el futuro. Pero basta observar las decisiones reales para entender que, en los hechos, pocas cosas son tan negociables como el tiempo de aprendizaje de los estudiantes.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, junto con las secretarías de educación estatales, decidió concluir el ciclo escolar el próximo 5 de junio. El argumento oficial mezcla las altas temperaturas y hasta la organización alrededor del Mundial de Futbol. Y ahí aparece la señal más preocupante: en México, estudiar puede esperar.
Sí, el calor es real. Miles de escuelas en el país carecen de ventilación, agua suficiente y condiciones mínimas para soportar temperaturas extremas. Pero precisamente ahí se exhibe el fracaso estructural del sistema educativo: en lugar de invertir para que las escuelas sean espacios dignos y seguros, la salida termina siendo recortar clases.
La solución no es arreglar las aulas. La solución es cerrar antes.
Y resulta todavía más absurdo que, entre las justificaciones, aparezca el Mundial. El país que no ha logrado resolver el rezago educativo tras la pandemia, que mantiene enormes deficiencias en comprensión lectora y matemáticas, y que enfrenta graves desigualdades en aprendizaje, ahora parece dispuesto a ajustar el calendario escolar alrededor del espectáculo futbolístico más importante del planeta.
El mensaje es devastador.
Porque mientras otras naciones discuten cómo fortalecer habilidades científicas, tecnológicas y de innovación para competir en el futuro, México sigue reduciendo tiempo efectivo en las aulas como si aprender fuera opcional.
La decisión ocurre además en uno de los peores momentos posibles. El país arrastra un rezago educativo enorme. Miles de estudiantes avanzan de grado con problemas severos de lectura, escritura y comprensión matemática. Los maestros lo saben. Las universidades lo padecen.
El mercado laboral empieza a resentirlo.
Y aun así, la respuesta institucional parece ser quitar semanas de clase en un sistema que ya pierde demasiados días entre suspensiones, trámites administrativos, reuniones sindicales y paros.
Cada semana menos importa. Especialmente para los estudiantes más pobres.
Porque mientras las familias con recursos podrán compensar el tiempo perdido con cursos, plataformas digitales o actividades extracurriculares, millones de niños y adolescentes dependen casi por completo de la escuela pública como único espacio estructurado de aprendizaje.
Para ellos, la escuela no sólo significa educación. También representa alimentación, convivencia, acompañamiento y una posibilidad real de movilidad social.
Pero México insiste en administrar la educación desde la lógica de la comodidad burocrática y no desde el derecho de los estudiantes.
Después llegarán los discursos oficiales sobre competitividad, innovación y futuro. Se volverá a hablar de formar mejores generaciones y preparar jóvenes para enfrentar un mundo cada vez más complejo.
Pero ninguna transformación educativa seria comienza enseñando menos.
Mucho menos en un país donde el rezago ya dejó de ser un problema y empezó a convertirse en una emergencia silenciosa.
POR KARINA ÁLVAREZ
PAL