El derecho penal internacional no vive en el vacío. Cada decisión institucional, cada posicionamiento oficial, cada interpretación que una fiscalía hace del marco normativo aplicable, sedimenta en el tiempo y se convierte en referente para casos futuros. Por eso, cuando una autoridad como la Fiscalía General de la República emite un pronunciamiento público sobre los requisitos que debe satisfacer una solicitud de detención provisional con fines de extradición, no solo está resolviendo el asunto concreto que tiene en las manos: está trazando una línea que otros invocarán mañana.
El marco normativo aplicable en México es claro en su arquitectura, aunque no siempre en sus matices. El Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, suscrito el 4 de mayo de 1978 y modificado mediante Protocolo en 1997, establece en su artículo 11 los requisitos para la detención provisional: basta con que el Estado requirente exprese el delito por el cual solicita la extradición, describa al reclamado, precise su paradero, prometa formalizar la solicitud y declare la existencia de una orden de aprehensión o sentencia condenatoria. El mismo precepto fija un plazo de sesenta días para que, producida la detención provisional, se presente la solicitud formal con toda su documentación probatoria. Es decir, conforme al artículo 11 del tratado, una orden de detención provisional no requiere evidencia formal de culpabilidad, sino únicamente la existencia de una acusación y el compromiso de proporcionar documentación dentro de los sesenta días.
La Ley de Extradición Internacional, por su parte, dispone en su artículo 16 que la petición formal de extradición deberá contener, entre otros elementos, la prueba que acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del reclamado. Esa exigencia probatoria plena aplica a la solicitud formal, no a la detención provisional que la precede. Son dos momentos procesales distintos, con estándares deliberadamente diferenciados.
Ante este escenario, la postura pública adoptada por la FGR en los días recientes genera un problema de técnica jurídica que merece análisis desapasionado. La Fiscalía advirtió que no existen pruebas anexas al pedimento que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar, y que la detención provisional solo puede proceder cuando existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas. Esa afirmación importa un estándar que el propio tratado bilateral no contempla para esta etapa procesal. Conforme al tratado de extradición, la petición de detención provisional únicamente necesita que el gobierno requirente manifieste expresamente el delito por el que solicitará la entrega de la persona, sin que se exija la expresión de hechos ni la presentación de pruebas.
La distinción no es menor. Al elevar el umbral probatorio para la detención provisional al mismo nivel que se exige para la extradición formal, la autoridad mexicana está interpretando el tratado de manera que amplía sus propias facultades discrecionales y reduce las obligaciones que el instrumento internacional le impone. El artículo 12 del tratado faculta al Poder Ejecutivo de la parte requerida para revisar la suficiencia de las pruebas presentadas por quien pide la extradición, pero esa facultad revisora opera sobre la solicitud formal, no sobre la detención cautelar previa.
Lo verdaderamente preocupante desde la perspectiva jurídica no es el caso en particular, sino el precedente que se construye. Si la FGR consolida la doctrina de que una detención provisional con fines de extradición requiere prueba plena de responsabilidad, esa interpretación quedará disponible para cualquier caso futuro, sin importar quién sea el reclamado, cuál sea su cargo o quién sea el Estado requirente. Los precedentes, una vez asentados, no discriminan. El criterio que hoy sirve para frenar un proceso puede mañana blindar a quien nadie quisiera proteger, o viceversa.
El tratado no regula todos y cada uno de los aspectos procesales de una extradición, pero eso remite a la Ley de Extradición Internacional; y para el momento en que se recibe una solicitud de detención provisional, la Fiscalía tiene un cierto margen de discrecionalidad, pero no existe una regla o ley que le permita no proceder. Esta observación de especialistas en derecho internacional apunta al núcleo del problema: el margen de discrecionalidad institucional tiene límites que los propios tratados trazan, y rebasarlos configura una actuación que difícilmente resiste el escrutinio del principio pacta sunt servanda recogido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que obliga a las partes a cumplir sus compromisos convencionales de buena fe.
México tiene una larga y seria tradición en materia de extradición internacional. Sus instituciones han sabido navegar solicitudes complejas con apego a la legalidad y con respeto simultáneo a los compromisos convencionales. Alterar esa práctica mediante pronunciamientos institucionales que reinterpretan el estándar aplicable a una medida provisional no solo debilita la credibilidad del Estado mexicano ante sus contrapartes internacionales; también siembra la semilla de una doctrina cuyo alcance futuro nadie puede controlar del todo.
Adrián Arellano Regino, abogado penalista, socio en Vega Mac Gregor Arellano S.C y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.