EN EL AFÁN de agilizar la inversión y simplificar la operación gubernamental, hay decisiones que tocan fibras más profundas del sistema institucional.
La sectorización de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) hacia la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro, es una de ellas.
No por el cambio administrativo en sí, sino porque implica la posible erosión de un contrapeso que, aunque discreto, ha sido clave para equilibrar la relación entre ciudadanos y autoridades fiscales.
Desde 2011, la Prodecon, cuyo titular en funciones es Gilberto Camacho Botello, opera como un organismo descentralizado no sectorizado.
Esa condición es precisamente lo que le permite actuar como mediadora entre contribuyentes y entidades como el SAT de Antonio Martínez Dagnino; el IMSS de Zoé Robledo, o el Infonavit de Octavio Romero, en casos donde existen desacuerdos, quejas o posibles abusos en la aplicación de facultades fiscales.
Su papel ha sido técnico, gratuito y, sobre todo, independiente, ni del lado del contribuyente ni del Estado, sino en un punto intermedio que da certeza.
La nueva estructura plantea que al depender de una Secretaría del Gobierno Federal y, en consecuencia, de sus decisiones presupuestales y operativas, la Prodecon podría ver limitada su capacidad para cuestionar a las mismas autoridades con las que deberá coordinarse.
La paradoja es evidente: el árbitro comienza a depender de uno de los jugadores.
El impacto sería un verdadero mazazo. Para miles de contribuyentes, la procuraduría ha sido la vía para resolver disputas sin entrar en litigios largos y costosos.
Ha permitido acuerdos conclusivos, correcciones de actos indebidos y una defensa accesible frente a un aparato fiscal robusto.
Si ese espacio pierde independencia, la consecuencia inmediata es la reducción de opciones para el ciudadano común y para las empresas que buscan resolver conflictos de forma técnica y expedita.
El argumento oficial apunta a la eficiencia, la coordinación y el combate a la corrupción. Son objetivos legítimos.
Sin embargo, en materia institucional, el problema no suele ser el fin, sino los mecanismos. Un sistema que concentra funciones y reduce contrapesos puede ganar velocidad en el corto plazo, pero compromete su capacidad de autorregularse en el mediano y largo plazo.
EN VENEZUELA NO sólo la reapertura económica se está moviendo: también la magnitud de la demanda acumulada en sectores críticos y la apertura a nuevos jugadores internacionales en distintos sectores que históricamente habían sido monopolizados. Tal es el caso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien mantuvo una estrecha relación con Nicolás Maduro. En la práctica, se convirtió en puerta de acceso para empresas chinas y rusas con quienes servía de enlace comercial en distintos rubros venezolanos y que impidió la entrada de compañías de otros países. Tras años de contracción, el país enfrenta déficits estructurales en energía, infraestructura y salud. Y es que el sector sanitario, léase hospitales, diagnóstico, insumos y dispositivos médicos, concentra una demanda urgente que no puede esperar ciclos largos de inversión pública. Se requiere tecnología, logística y ejecución inmediata. Para compañías de Estados Unidos y de México el momento es propicio. Las primeras por su músculo tecnológico y financiamiento y las segundas por su proximidad geográfica, costos competitivos y experiencia en integración de cadenas de suministro. En dispositivos médicos, esto es equipos de imagen, monitoreo, terapia intensiva y consumibles, hay un espacio claro para entrar con modelos flexibles: venta, arrendamiento y mantenimiento. En la reapertura, la competencia no se definirá únicamente por precio, sino por la capacidad de ejecutar rápido y atender la demanda que existe en aquel país.
LA AMERICAN CHAMBER of Commerce (AmCham) en México, que preside Oscar del Cueto, descarta la salida de Estados Unidos del T-MEC, pues la integración productiva ya superó el terreno del discurso político. Con un comercio que rebasa los 18 billones de dólares, romper el acuerdo implicaría costos que ningún actor está dispuesto a asumir. El discurso que busca “norteamericanizar” cadenas productivas confirma que el objetivo es competir con Asia, no fragmentarse dentro del bloque. México, en ese contexto, deja de ser periférico y se convierte en engranaje central de la reindustrialización regional. AmCham apunta a una convergencia pragmática: economías interdependientes que necesitan crecer juntas. Canadá, lejos de ser prescindible, fortalece el balance del acuerdo, vemos cómo se adapta el tratado a un mundo más competitivo.
POR CIERTO QUE la seguridad se ha convertido en un factor decisivo para la competitividad de México. Alejandro Desfassiaux, fundador de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, plantea que la percepción influye tanto como los datos duros. En el contexto de la revisión del T-MEC, la certidumbre jurídica adquiere un peso específico y las ventajas estructurales no compensan un entorno incierto para la inversión. A ello se suman la carga fiscal, la complejidad administrativa y los cambios en el sistema judicial. El resultado es una mayor cautela por parte de empresas y capitales internacionales. Sin duda, dice el industrial en línea con la postura del Consejo Coordinador Empresarial, que preside José Medina Mora, “fortalecer el Estado de derecho es condición para sostener el crecimiento”. Sólo así la inversión podrá traducirse en empleo y en una reducción efectiva de la inseguridad.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
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