Por respeto a la soberanía nacional (nada menos que a todos los mexicanos), María Eugenia Campos Galván debe separarse del cargo para poder ser investigada con imparcialidad por la Fiscalía General de la República.
Los indicios de que la gobernadora de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional al permitir la infiltración de agentes extranjeros, la señalan como cómplice de conspiración contra la Patria.
Es inconcebible tanta contradicción, tanta mentira y tal nivel de inconsistencia. Tras una cadena de declaraciones absurdas y de desairar al Senado, Campos prefirió asumir su propia incompetencia declarando que ignoraba la presencia de la CIA en su estado.
Si es verdad que no sabía, es incompetente y, por tanto, culpable por omisión; el desconocimiento de una obligación constitucional no la exonera de su cumplimiento como lo establece la Ley.
A este juego de sombras se suma el espía-embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien se escabulle de sus obligaciones diplomáticas y prefiere desviar la atención sobre la presencia de agentes de la CIA en México.
Johnson pretendió darnos clases de moral, pero declina hablar de sus flagrantes violaciones a la soberanía de un país que le ha brindado todas las facilidades para hacer su trabajo, pero optó por traicionar esa confianza y violar la ley.
Para dimensionar la gravedad de abrirle la puerta a la CIA, es imperativo recordar su historial negro en América Latina, un catálogo de atrocidades contra la democracia, la libertad y la autodeterminación de las naciones.
Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Panamá, El Salvador, Uruguay y Nicaragua, entre otros, han sufrido en América Latina en carne propia la imposición de gobiernos golpistas y dictaduras sanguinarias instaladas por las operaciones de esta agencia.
Permitir su operación clandestina en Chihuahua no fue un error administrativo, sino un acto de entreguismo absoluto, que legitima las heridas históricas de todo un continente.
El prianismo, en su intento por defender lo insostenible, ha montado una farsa para defender a su gobernadora.
Presumieron el desmantelamiento de un “mega laboratorio” como un hecho sin precedentes, cuando en realidad fue un vil montaje.
No hubo droga incautada ni detenciones, ni decomisos.
La verdad es que ese paraje funcionaba como centro de “capacitación y adiestramiento” de agentes infiltrados con documentación falsa.
Es el colmo del ridículo que el único “desmantelamiento de un narcolaboratorio” en cinco años de gestión sea una puesta en escena para encubrir el intervencionismo yanqui
Lo que no dijeron en Chihuahua es que comparado con todo lo que ha hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de combate al crimen organizado, en solo año y medio, es de risa lo hecho por Campos.
El gobierno federal ha desmantelado más de 2 mil 500 narcolaboratorios, reducido los homicidios más de 40%, detenido a cientos de criminales y extraditado a 94, y todavía los prianistas tienen el descaro de decir que Campos debe dar “clases” de seguridad.
La realidad es que la gobernadora es la que debe recibir cátedra de cómo no traicionar la confianza ciudadana.
La dignidad de Chihuahua y de México no puede ser moneda de cambio, y menos de intereses extranjeros desestabilizadores.
La historia nacional no perdona a quienes por incapacidad manifiesta o por traición a la patria, vulneran el suelo que juraron proteger.
Si la señora Campos guarda un mínimo de respeto por las y los mexicanos, lo menos que puede hacer es separarse del cargo.
El tiempo de las mentiras terminó; hoy la soberanía exige transparencia, pruebas razonables y justicia para Maru Campos, pero igual para todos los mexicanos.
VÍCTOR HUGO ROMO
@VROMOG
EEZ