En un país donde la democracia se construye día con día, la inclusión se vuelve una condición esencial. En la organización de elecciones y mecanismos de participación ciudadana —como en toda decisión de Estado—, la incorporación de visiones plurales y perspectivas integrales en materia de derechos humanos cobra especial relevancia para tomar decisiones acordes con la complejidad social que vivimos.
Esa ha sido justamente la base de las acciones afirmativas que, lejos de ser concesiones simbólicas o narrativas políticamente correctas, constituyen una oportunidad de transformación real. Responden a una exigencia democrática profunda: que quienes toman decisiones representen mejor la diversidad de la sociedad a la que sirven.
Su justificación tiene fundamentos constitucionales y convencionales incuestionables, pero además debe decirse que la necesidad práctica es evidente. En México persisten profundas formas de discriminación, odio y violencia contra personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos. Hablamos de sectores de la población que no han podido participar en igualdad de condiciones en la vida pública, incluida la posibilidad de formar parte de los órganos de gobierno y de toma de decisiones.
La reciente conformación de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral tiene hoy esa característica, pues marca un punto de inflexión que merece ser reconocido: por primera vez, integra a una mujer indígena y a dos personas pertenecientes a la población LGBTTTIQA+.
Este órgano, clave en la operación del sistema electoral mexicano, muestra la composición más incluyente de su historia, sin dejar de lado trayectorias y perfiles profesionales de alto nivel. Con ello se da un paso importante hacia una condición fundamental para mejorar la calidad de las decisiones del órgano nacional: contar con miradas más robustas, soluciones más innovadoras y una comprensión más amplia de la diversidad que define a México.
De hecho, esto ya comienza a reflejarse en acciones concretas. Ejemplos como la incorporación de traducciones a lenguas originarias en el arranque de las sesiones públicas del Consejo General, o la apertura de convocatorias más incluyentes para integrar el Servicio Profesional Electoral Nacional este 2026, muestran que la inclusión no es sólo discurso, sino práctica institucional.
Si la Junta General Ejecutiva logra capitalizar esta pluralidad con mayor profundidad, su impacto podría ir mucho más allá de la estructura interna del Instituto: podría contribuir a redefinir la forma en que entendemos la gobernanza electoral en México, no sólo como administración de procesos, sino como construcción cotidiana de ciudadanía, igualdad y confianza pública.
Porque una democracia que no incluye, se debilita; pero una democracia que se abre a la pluralidad, se fortalece, se legitima y evoluciona. Estamos ante un punto de no retorno que merece ser destacado. Bien por el Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo, bien por México.
POR LUIS GUTIÉRREZ
CONSEJERO ELECTORAL DE CHIHUAHUA Y PRESIDENTE DE LA RED NACIONAL DE CONSEJERÍAS POR UNA DEMOCRACIA INCLUYENTE (RENACEDI)
X: @LUISEDUARDO_GTZ
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