Durante mucho tiempo, los documentos estratégicos de Washington funcionaron, ante todo, como termómetros de intención: permitían tomar el pulso a una administración, identificar sus prioridades y anticipar algunas políticas. Eran programas más o menos teóricos que mantenían cierta distancia entre el texto y la realidad. La administración Trump cambió eso: sus estrategias no anuncian lo que podría ocurrir, sino que registran, en buena medida, lo que ya está ocurriendo.
En noviembre de 2025 se publicó la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Sin embargo, las decisiones de política exterior ya estaban orientadas por sus principales líneas de acción. Colombia cedió en menos de 24 horas ante una amenaza arancelaria por bloquear vuelos de deportación; Panamá abandonó el programa de inversión e infraestructura chino conocido como la Ruta de la Seda; los aliados europeos de la OTAN comprometieron el 5% de su PIB en defensa.
El documento llegó después, como un registro post facto de la estrategia y su implementación. En enero, fuerzas militares estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. La operación confirmó que el “Trump Corollary” a la doctrina Monroe (que el hemisferio es área de interés exclusiva de EE. UU.) era más que una provocación retórica o una herramienta de negociación.
La Estrategia Nacional de Control de Drogas (NDCS) se inserta en la misma lógica con una diferencia sustantiva que México no puede ignorar: nuestro país es uno de sus objetos centrales.
La NDCS designa al CJNG y al Cártel de Sinaloa como Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo cual abre la puerta a autoridades y operaciones que rebasan el derecho penal ordinario. A eso se suma un régimen de sanciones del Tesoro para empresas mexicanas -farmacéuticas, químicas y de logística- que no aseguren sus cadenas de suministro, así como una red de Homeland Security Task Forces con mandato expreso para desmantelar estructuras de mando de los cárteles, a través de operaciones coordinadas desde la Embajada.
El documento también incorpora la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva y reconoce la existencia de un anexo clasificado con los planes concretos. Un “manual de operaciones” con apartados inaccesibles para el público.
Tras el abatimiento de “El Mencho”, en febrero pasado, la SEDENA reconoció el uso de inteligencia de la CIA y del FBI en el operativo del Ejército Mexicano en Jalisco. Un par de semanas después, Trump convocó la cumbre del “Escudo de las Américas”: 17 países aceptaron el uso de la fuerza militar contra los cárteles. En estas mismas páginas comenté el “modelo Ecuador” como el tipo de coordinación que espera la Casa Blanca en la región. En ese contexto, el presidente estadounidense describió a nuestro país como “epicentro” de la violencia hemisférica.
En los hechos, la NDCS está en marcha.
Un último detalle es revelador: la estrategia no enlista principios, sino que establece tablas de indicadores. Para finales de 2026, México, China, India y Colombia deberán reportar conjuntamente al menos 48 incidentes de incautación de precursores químicos.
En la expectativa por país, a México le corresponde al menos uno cada mes. Washington estableció números, plazo y responsables.
Tal claridad en un documento estratégico es en realidad un ultimátum. Es claro que Washington manda mensajes previos para solicitar cooperación, pero cuando ésta no llega, siguen las acciones unilaterales, donde las asimetrías se exhiben con toda su fuerza. Sobre advertencia no hay engaño.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
DIPUTADA FEDERAL
MAAZ