La publicación de la “Estrategia Nacional contra las Drogas 2026”, implica un cambio de paradigma, un antes y un después, un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas que deja atrás el esquema de contención y establece las acciones internas y externas para atacar el suministro de drogas desde su origen, reducir el consumo y atender sus efectos en la población norteamericana.
El cambio de posición y perspectiva de los Estados Unidos es radical, integral y estructural, representa un verdadero giro copernicano. Todo indica qué, la denuncia contra el gobernador Rubén Rocha y otros funcionarios de Sinaloa, es solo un episodio inédito de esta historia que apenas comienza.
Al plantear el desafío como una crisis de seguridad nacional, la estrategia busca destruir a los cárteles y desmantelar las cadenas de suministro nacional e internacional. El documento no se ahorra palabras para identificar a México como el epicentro de la producción y tráfico de fentanilo y drogas sintéticas, con precursores provenientes de China y la India.
Previamente, los cárteles mexicanos han sido designados como: Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Transnacionales (TCO). De acuerdo a su legislación, esto les permite usar todos los recursos bélicos, financieros y de inteligencia para combatirlos.
Pensar que la relación bilateral con el país vecino puede quedar al margen de esta estrategia sería ingenuo y peligroso. Para los Estados Unidos somos un “socio crítico”, por lo que es previsible que la presión de los últimos días se incremente a niveles no vistos, y se amplíe a otros temas de la agenda bilateral, como el comercio, ante la próxima revisión del TMEC.
La situación es delicada, nuestro país está obligado a revisar su posición estratégica, entendida como capacidad de respuesta. Más allá de la retórica política, conscientes y de acuerdo en que “ninguna nación extranjera nos va a decir cómo nos gobernamos”, México debe definir de manera ágil y correcta su posición, y los pasos que va a dar en su relación con nuestro principal socio comercial.
Si alguien piensa que todo está claro y definido en la agenda bilateral, por elemental prudencia política, debería considerar el principio de suficiencia, para evaluar los beneficios y las consecuencias de lo que se ha establecido; la suficiencia de las variables que se han considerado, y si las condiciones que hoy tenemos garantizan la preeminencia del interés nacional. Lo que está en juego no es menor, va más allá de siglas partidistas, grupos políticos y periodos de gobierno.
Ciertamente tenemos la prerrogativa de mirar lo que está pasando desde nuestra convicción y perspectiva histórica, la pregunta es si la percepción sobre lo que está aconteciendo es congruente y si alcanza para enfrentar la nueva realidad política.
En todo caso, considerar seriamente si el entendimiento que tenemos de la realidad internacional es adecuado y al margen de prejuicios ideológicos o políticos, para asegurar, en todos los casos, que el bien del país esté por encima de cualquier interés particular.
POR MARCO ADAME CASTILLO
CONSULTOR POLÍTICO
@MARCOADAME
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