En días recientes, nuestro vecino del norte publicó el documento denominado La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Estados Unidos. No es un simple documento interno de aquel país sino un instrumento que regula también la relación con México en la materia y que, sin duda, impacta en toda la relación bilateral, incluida la económica.
En esa medida y con esa importancia hay que analizar qué acciones debe tomar el gobierno mexicano no para enfrentar sino para coadyuvar. De ninguna manera se habla de entreguismo o una mal entendida defensa de la soberanía; México es y debe seguir siendo dueño de su destino, pero ya hay que entender que ningún país en el mundo puede derrotar solo y aislado al narcotráfico.
En materia de justicia se le pide al gobierno mexicano, palabras más palabras menos, mayor capacidad para procesar y sentenciar a los miembros de las organizaciones criminales del narcotráfico. Esto pasa por un enjuiciamiento efectivo, detenciones y extradición.
En México está en marcha una reforma judicial que plantea ajustes muy razonables que van desde mejorar el sistema para la selección de jueces y magistrados hasta modificar, para ello, la elección de 2027 a 2028. Incluso, el propio Presidente del Tribunal Electoral Federal hizo este respetuoso llamado con mucho tino.
Pero urgen medidas inmediatas. Es necesario que el Órgano de Administración Judicial impulse con ejercicios de talento el crear órganos jurisdiccionales especializados en materias concretas de temas de delincuencia organizada, narcotráfico y tal vez en determinados estupefacientes como el fentanilo. Eso dará mayor control y menos criterios dispares.
El Tribunal de Disciplina Judicial debe incrementar su esfuerzo en materia de vigilancia, substanciación y sanción hacia los titulares de juzgados y tribunales que por ignorancia o corrupción no cumplan con su deber, con un equipo especializado en temas de delincuencia organizada y narcotráfico.
Por otro lado, la Escuela de Formación Judicial debe rápidamente reaccionar en la capacitación de personal y titulares en la materia de delitos contra la salud, además del conocimiento y entendimiento del juicio político y extradición.
La fiscalía debe asumir con responsabilidad las tareas de investigación y judicialización, sin sesgos políticos, de criminales en materia de narcotráfico. Ser activa y no reactiva.
Mientras más capaces sean nuestros jueces y fiscales de sentenciar criminales, menos espacio hay para que agencias extranjeras intervengan.
Las medidas en materia de justicia deben ser siempre apegadas a derecho desde nuestro marco interno para así cooperar con eficacia en materia de narcotráfico con Estados Unidos, sin menoscabo de nuestra soberanía.
POR MAESTRO ENRIQUE SUMUANO
COLABORADOR
MAAZ