Frente a una popularidad en descenso y a un riesgo latente de impeachment, el partido de Donald Trump ha recurrido a estrategias que —en conjunto— pueden dejar una huella dolorosa en la calidad de la democracia estadounidense.
Hace casi un año, en este mismo espacio, escribía sobre la guerra intensificada por el mapa electoral en Estados Unidos mediante una vieja práctica política: el gerrymandering —geografía electoral diseñada para beneficiar a alguna fuerza política o diluir el peso de ciertos grupos poblacionales—. Hoy, esa redistritación a modo ha entrado en una fase delicada, pues no solo amenaza con alterar la competencia electoral, sino también con presionar la lógica misma de la representación democrática.
Por décadas, la definición de estos límites en Estados Unidos había sido un proceso periódico y sujeto a estrictos principios de equidad. Contra esa consolidación de derechos de las personas históricamente subrepresentadas en la política, esta geografía hoy se perfila como una contienda permanente, marcada por incentivos partidistas cada vez más agresivos que, en diversas localidades, coincide con factores raciales.
El punto de inflexión reciente proviene de una decisión de la Corte Suprema que modifica el alcance de la Ley del Derecho al Voto de 1965. Desde su creación, la Voting Rights Act permitió frenar redistritaciones que diluían principalmente el peso político de poblaciones afroestadounidenses y privilegiar las que lo potenciaban. Esa protección ahora será mucho más difícil de hacer valer en tribunales.
Las consecuencias son inmediatas. Estados controlados por ambos partidos han comenzado a considerar —o ya implementar— nuevos distritos. Lo que antes ocurría cada diez años, en línea con el censo, amenaza con volverse un ejercicio sin pausa. La lógica que se instala es vengativa: si la oposición redibuja distritos para maximizar su ventaja, el otro responderá en los mismos términos.
En este escenario, una de las principales víctimas es la competencia política. Cuando los distritos se diseñan para garantizar ventajas claras, las elecciones pierden incertidumbre. Las contiendas cerradas pasan a ser anecdóticas y el momento decisivo se desplaza a las primarias. Si de antemano se sabe qué partido ganará en una demarcación, la persona electa es aquella que logra imponerse dentro de la base más activa de su fuerza política, no la que convence a una mayoría amplia.
El efecto no termina ahí. Si la competencia desaparece, también lo hace uno de los mecanismos más básicos de rendición de cuentas. Las personas que son seleccionadas para esas elecciones primarias en procesos de selección de candidaturas ya no necesitan apelar a electorados amplios. La moderación pierde valor, las posiciones más duras ganan rentabilidad y la polarización encuentra campo fértil para consolidarse como el común denominador en la contienda política.
La representación de las “minorías”, entonces, se verá desproporcionalmente afectada. La Ley del Derecho al Voto no sólo removió barreras estructurales al sufragio, sino que impulsó que comunidades históricamente marginadas eligieron representantes afines a sus intereses. Algunos artículos han retomado que, a partir de la introducción de dicha Ley, el electorado afroestadounidense registrado para votar en el Sur del país aumentó en 42%, mientras que el número de personas electas del mismo grupo, pero en todo el país, aumentó de 500 a 10 mil 500.
No perdamos de vista que, más allá de la configuración del Congreso en las próximas elecciones intermedias, lo que está en juego es la calidad misma de la democracia del país vecino. Si la redistritación se consolida como moneda de cambio, la competencia pasará de ser el motor del sistema a ser la excepción.
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX
@PULIDO_AMALIA
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