El pleno del Senado aprobó, recientemente, el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029, que fue presentado días antes por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.
Dicho plan representa una de las reformas institucionales más ambiciosas de los últimos años en materia de procuración de justicia, ya que busca transformar profundamente el funcionamiento de la FGR, mediante un modelo basado en inteligencia, coordinación interinstitucional, atención a víctimas y combate prioritario a los delitos de alto impacto.
El Plan establece un nuevo modelo de investigación e inteligencia basado en el uso de la ciencia, la tecnología y el análisis estratégico, con la intención de proteger a las víctimas y dar resultados, asumiendo que sin justicia no hay democracia.
También considera una reestructuración de la FGR, con una administración eficiente, transparente y ordenada; coordinación con las fiscalías locales y las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como con las autoridades estatales; y el fortalecimiento de las fiscalías en las entidades federativas.
Como todos sabemos, México enfrenta, desde hace mucho tiempo, graves problemas de impunidad, saturación de carpetas de investigación, baja confianza ciudadana en las instituciones de justicia y una creciente sofisticación del crimen organizado. Ante esta situación, la FGR reconoce que el modelo tradicional de procuración de justicia ha resultado exiguo y plantea una reingeniería institucional de fondo.
Como se señala en el dictamen de la Comisión de Justicia del Senado, el Plan se presenta como una hoja de ruta institucional para transformar la procuración de justicia federal mediante un enfoque basado en evidencia, priorización, inteligencia, resultados, atención a víctimas y combate a la impunidad. Insiste en que la justicia debe entenderse como un derecho y no un privilegio, y que la Fiscalía debe colocarse al servicio del pueblo, con una visión humanista centrada en verdad, justicia y reparación.
También busca una modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal; priorizar, segmentar y reorientar recursos hacia los delitos que más afectan al pueblo; estrategias nacionales para la atención de la extorsión, búsqueda de personas y violencia contra las mujeres; y a las víctimas como eje de la actuación de la Fiscalía General; además del combate a la corrupción y la rendición de cuentas.
Sin embargo, el verdadero desafío comenzará con su puesta en marcha. En nuestro país, muchos proyectos institucionales han fracasado no por falta de diagnósticos, sino por ausencia de recursos, voluntad política o capacidad operativa. Para que el nuevo Plan tenga buenos resultados será indispensable garantizar presupuesto suficiente, capacitación permanente, coordinación efectiva y mecanismos reales de rendición de cuentas.
La transformación de la procuración de justicia es una demanda histórica de la sociedad mexicana. La impunidad, la corrupción y la lentitud judicial han erosionado durante décadas la confianza ciudadana en las instituciones.
Por ello, el nuevo plan de la FGR representa una oportunidad primordial para reconstruir la credibilidad institucional, fortalecer el Estado de derecho y convertirse en uno de los cambios estructurales más relevantes del actual sexenio en materia de seguridad y justicia.
POR MARÍA MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ
COLABORADORA
PAL