Cuando hablamos de criminalidad financiera, imaginamos operativos espectaculares en paraísos fiscales. La realidad es más alarmante, el lavado de dinero, la corrupción transnacional y el financiamiento al terrorismo avanzan con la globalización, mientras los mecanismos para combatirlos siguen atados a la soberanía nacional.
Hoy quiero destacar la labor silenciosa pero crucial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esta materia.
La ONU ha sido clave en la creación de instrumentos como la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado (2000) y la Convención de Mérida contra la Corrupción (2003). Estos tratados obligan a los Estados a tipificar delitos financieros, cooperar en extradiciones y decomisar activos ilícitos. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ofrece asistencia técnica, capacita a jueces y fiscales y genera diagnósticos esenciales.
Sin embargo, la letra se ahoga sin voluntad política. Contamos con una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en los papeles, pero enfrentamos criptomonedas sin regulación, empresas fantasma y paraísos fiscales que operan cerca de Reforma.
La ONU puede recomendar y avergonzar, pero no obliga a los gobiernos a investigar a sus propios poderes fácticos. El punto débil es el Consejo de Seguridad, los vetos de Rusia y China bloquean sanciones reales contra paraísos fiscales o bancos cómplices. El verdadero poder contra el lavado está en el GAFI y los acuerdos entre bancos centrales occidentales.
Aun así, no es justo ignorar los avances. La ONU ha logrado que casi todos los países tengan leyes antilavado y unidades de reporte. El problema radica en la implementación asimétrica, en Suiza o Singapur las multas son millonarias; en muchos países en desarrollo, la corrupción domestica a los supervisores.
Mi propuesta es que la ONU evolucione hacia un rol más fiscalizador y menos declamatorio. Urge un mecanismo de evaluación periódica con consecuencias reales, como una “lista gris” de la Asamblea General y un fondo global para los decomisos que hoy se pudren en cuentas judiciales.
México podría liderar esta iniciativa, dejando de ver a la ONU como un trámite diplomático y usándola como escudo contra la impunidad financiera interna.
Mientras tanto, cada vez que un político presume “cooperación internacional” contra el lavado, lo que debemos preguntar es: ¿en dónde están las condenas a los grandes evasores? ¿Por qué los bancos mexicanos siguen sin sanciones por operaciones con testaferros? La ONU da las herramientas, nosotros decidimos si las usamos como decorado o como ariete.
En conclusión, la batalla contra los crímenes financieros no se ganará solo con cumbres y protocolos. Se ganará combatiendo la corrupción y exigiendo que los tratados de la ONU se apliquen en cada juzgado, cada auditoría y cada contrato gubernamental.
DR. LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA
PAL