Existe una propuesta en la Cámara de Diputados para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas en lo referente a su artículo 25, que tiene que ver con la importancia de que las empresas cuenten con una política de integridad empresarial. Este artículo establece una serie de requisitos para conformar esta política, necesaria en el sentido de que pueda darse la posibilidad de que estas empresas puedan ser proveedoras de bienes y servicios al gobierno (llámese incluso, para formar parte del Padrón de Integridad Empresarial). Entre los requisitos que solicita el gobierno es que cuenten con manuales de organización y de procedimientos, que especifiquen claramente las distintas cadenas de mando en toda la estructura; un código de conducta debidamente publicado y socializado; sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización; sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias; sistemas y procesos de capacitación respecto de las medidas de integridad; y por último, políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación, así como mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.
La reforma ha consistido en incorporar la figura del Oficial de Ética y Cumplimiento que tendría la función -ya sea como individuo o como área-, de poder llevar a cabo la realización de las actividades en torno a los requisitos mencionados, llámese investigar irregularidades, darle seguimiento a las denuncias, capacitar al personal en materia de integridad, hacer cumplir el código de conducta, identificar riesgos, entre lo más relevante. Se tiene que comentar que tanto esta figura como este tipo de prácticas, desde hace algunos años ya son habituales mediante sistemas o programas denominados de Compliance (cumplimiento) e Integridad. Sobre este rubro señalar que el avance en las empresas ha sido desigual: los grandes corporativos, dada su capacidad económica, tienen áreas exclusivas para el desarrollo de una política empresarial, mientras otras tienen a una sola persona. Datos recientes de diversos estudios (IMCO, INEGI, Transparencia Mexicana) nos señalan que sólo el 37% de las empresas tienen un programa o política de integridad. Por lo que habría que ver desde el propio gobierno cómo se les asesora y apoya para poder contar con ella.
Ahora bien, esto en cuanto a las empresas. La pregunta es: ¿Qué acontece con respecto a las dependencias y entidades gubernamentales? Nos parece que además de regular a terceros, convendría que éstas comenzaran a autorregularse mediante una política de integridad que incluyera los mismos requisitos que se les pide a las empresas, así como la adopción de la figura del Oficial de Ética y Cumplimiento. En la actualidad, el panorama en materia del combate a la corrupción no es nada alentador, después de la reciente publicación del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (lugar 141 de 182 países), sin duda, estamos estancados en esta tarea. Por lo que habría que pensar en distintas fórmulas para salir de este atolladero. Una de ellas puede ser la que se plantea con respecto a las organizaciones gubernamentales, sin dejar de lado lo que se tiene que trabajar en el ámbito educativo, social, familiar, en la que también debe existir la creatividad y la innovación para cambiar las malas prácticas y actos de corrupción.
POR RAFAEL MARTÍNEZ PUÓN
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y COORDINADOR ACADÉMICO DEL INAP
@RAFMARTINEZPUON
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