El oficialismo presentó una iniciativa profundamente equivocada, disfrazada de justicia social, pero que en realidad representa un burdo ataque a la propiedad privada y a la libertad económica.
Esta ley lejos de ayudar, va a tener el efecto contrario y terminará por subir los precios de la vivienda. Va a salir completamente al revés. Habrá menos oferta.
Me referiré a los cinco puntos de su reforma:
1. Propone algo que ya es ley: que no incrementen las rentas año tras año más allá de la inflación. Eso ni está a discusión. Ya lo avaló la SCJN y así lo dice el Código Civil.
Lo que preocupa es que congelen rentas o busquen tabuladores de rentas, pues según la colonia será el precio que el gobierno impondrá. Si rentas en 10 mil pesos un departamento, el gobierno te dirá que no lo puedes rentar por más de 4 mil pesos, por ejemplo, y es justo ahí donde se vulnera la propiedad privada.
El gobierno no debe decir en qué precio rentas tus bienes, por cuánto tiempo o a quién. Es tu propiedad y no tiene por qué decidir sobre lo tuyo, no debe meter la mano en tu bolsillo, en tu patrimonio familiar, máxime cuando hay adultos mayores que sobreviven de rentar un cuarto de azotea.
Así, trasladan la responsabilidad de ofertar vivienda a bajo costo a los particulares. En lugar de fomentar la inversión pública y privada, le avientan la bolita al ciudadano.
Su ley no es más que control de precios, limitar precios de rentas por decretazo del gobierno ahuyentará la inversión. Menos mercado es menos vivienda, y menos vivienda es más caro rentar. Nadie invierte en un mercado donde no puede recuperar su capital ni obtener rendimientos razonables, y cuando cae la inversión, cae la oferta. Los propietarios sacarán del mercado sus inmuebles pues no será rentable que el gobierno te diga el precio. Y cuando cae la oferta, suben los precios. Es economía básica pero como buenos comunistas no lo entienden y terminarán por afectar a quienes buscan vivienda.
2. Hablan de combatir la gentrificación pero su plan de desarrollo obliga a redensificar lo ya densificado, prohíbe construcción fuera de la zona central y niega la necesidad de construir en las 16 alcaldías.
3. Se refieren a una “reserva territorial del gobierno”, y la única forma de que el gobierno se haga de suelo es comprándolo o expropiando, lo que prende las alertas por la tentación autoritaria de afectar el derecho a la propiedad privada al intensificar invasiones de predios y expropiaciones solicitadas por ocupantes.
4. Proponen un Instituto de Inquilinos que rompe el principio fundamental de equilibrio entre las partes. Si el Estado se pone del lado del inquilino, por definición deja de ser árbitro y se convierte en parte, incluso en persecutor de los propietarios.
5. Su “derecho al arraigo vecinal”, ya existe en la legislación civil como el derecho del tanto o derecho de preferencia, además de que se contradicen pues prohíben la construcción en las 16 alcaldías.
En resumen, esta ley no es solución, será el problema.
POR DIEGO GARRIDO
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN EN EL CONGRESO CDMX
@GARRIDODIEGO_
PAL