Un acuerdo de cabildo. Eso es todo lo que hace falta para borrar la planeación urbana, si es que existe. Una votación, tomada en sesión poco difundida, con escasa presencia ciudadana, puede modificar un Plan Municipal de Desarrollo Urbano y abrir la puerta a construcciones que buscan la inmediatez de las ganancias para unos cuántos, sacrificando la calidad de vida de miles de familias.
Un fenómeno cotidiano en los municipios mexicanos, donde los planes de desarrollo se adecuan con frecuencia a los intereses del capital inmobiliario y no al interés colectivo.
Lo viví desde adentro. Como presidenta municipal de Metepec enfrenté esa presión todos los días. El Valle de Toluca es uno de los territorios más codiciados por los desarrolladores inmobiliarios y cuando llegué al gobierno encontré un municipio que apenas rebasa los 70 kilómetros cuadrados, donde el crecimiento desordenado amenazaba ya sus humedales, las fuentes propias de abastecimiento de agua, los pocos espacios públicos y la movilidad de sus calles y avenidas.
La respuesta del gobierno local que encabecé, fue contundente: de la mano de especialistas, construimos un Plan de Desarrollo Urbano Municipal que recuperó territorio de reserva, protegió humedales, rescató el manejo de aguas pluviales, dignificó espacios públicos, reactivó lotes baldíos con sentido social y preservó la franja agrícola, entre otros aspectos.
Una decisión administrativa, pero profundamente política, porque implica reorientar o cerrar el paso a intereses económicos muy poderosos, que intentan corromper o que simplemente esperan un trienio y un nuevo acuerdo de cabildo para lograr sus objetivos.
Decisiones que también son urgentes, porque el mundo se urbaniza a una velocidad que no da tregua. ONU-Hábitat revela que hoy más de la mitad de la humanidad vive en ciudades y que para 2050, esa proporción llegará al 70%. La directora ejecutiva del organismo, Maimunah Mohd Sharif, advierte que, en las próximas cinco décadas, la mayor parte de la expansión y el crecimiento urbano se producirá en los países de bajos ingresos, donde llegará al 141%, la mayoría de las veces sin una planeación, es decir, sin infraestructuras ni servicios básicos adecuados.
México acaba de concluir seis años al frente de la Asamblea de ONU-Hábitat, cuyo plan estratégico 2026-2029, establece tres pilares: vivienda, suelo y servicios básicos, para alcanzar ciudades inclusivas, seguras y sostenibles, donde la gestión del suelo sea el eje central del desarrollo urbano. Palabras que suenan bien en los foros internacionales, pero que no aterrizan solas en los territorios. Necesitan ciudadanos que las exijan, municipios que las traduzcan en normas y gobernantes dispuestos a sostenerlas frente a la presión del dinero.
La ley, hay que decirlo, ofrece herramientas. En el Estado de México, modificar un Plan Municipal de Desarrollo Urbano requiere consulta pública obligatoria, dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura y aprobación en sesión de cabildo con publicación en la Gaceta del Gobierno. El problema es que el proceso existe en el papel mientras la ciudadanía permanece al margen, sin saber que en esa sala de cabildo se está resolviendo si el parque de su colonia se convertirá en un edificio de doce niveles.
Ahí está el nudo del problema. Los planes de desarrollo urbano tienen una vocación de largo plazo; los periodos de gobierno, apenas tres años. Esa brecha es la que aprovechan quienes quieren convertir el suelo urbano en negocio. Y la única forma real de cerrarla es con participación ciudadana informada y constante: asistir a las consultas, seguir las sesiones de cabildo, exigir transparencia en los dictámenes técnicos, conocer qué dice el plan de desarrollo del propio municipio y vigilar que se respete.
Gracias a una sociedad exigente y participativa, así como al respaldo del Cabildo, en Metepec demostramos en su momento, que otra forma de gobernar el territorio es posible. Pero también sabemos que los avances son frágiles.
La mejor garantía es una sociedad organizada. El suelo urbano no es una mercancía. Es el territorio donde se vive, donde se cría a nuestros hijos, donde se construye comunidad. Vale la pena defenderlo e incidir, desde lo local, al cuidado del planeta.
POR ANA LILIA HERRERA ANZALDO
@ANALILIAHERRERA
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