Hay una edad en México en la que enfermarse empieza a sentirse como un lujo. No debería ser así, pero basta hablar con la gente para entenderlo.
Derechohabientes esperan meses por una cita en el IMSS. Familias recorren farmacias buscando medicamentos que no hay. Pacientes con diagnósticos graves pasan semanas o meses atrapados entre estudios y listas de espera. Hace poco conocí el caso de un trabajador del servicio público diagnosticado con cáncer de próstata que tuvo que esperar un año para ser operado.
Por eso, millones de mexicanos hacen enormes sacrificios para pagar un seguro médico privado. No porque les sobre dinero, sino porque saben que una enfermedad puede destruir no solo la salud, sino también la estabilidad económica de toda una familia. Sin embargo, incluso haciendo las cosas “bien”, el sistema termina castigándolos.
Esa es la discusión de fondo detrás de dos iniciativas que impulsamos recientemente en la Cámara de Diputados y cuyos dictámenes estaban listos para discutirse en la Comisión de Hacienda y Crédito Público antes de que la sesión del 29 de abril fuera pospuesta: una sobre abusos en seguros médicos y otra sobre un buró de crédito más justo.
Ambas iniciativas atienden cómo en México hemos normalizado sistemas que abandonan a las personas justamente cuando más vulnerables son.
En el caso de los seguros médicos, el problema es brutalmente injusto. Durante décadas, personas pagan puntualmente sus pólizas pensando en protegerse para el futuro. No obstante, cuando llegan a los 60 o 70 años, que es cuando más necesitan esa protección, las primas simplemente se vuelven impagables. Hay casos donde los costos para adultos mayores llegan a ser hasta 500% más altos que los de una persona joven.
Quienes pudieron pagar un seguro toda su vida terminan expulsados del sistema justo en la etapa donde más lo necesitan, mientras el sistema público de salud sigue saturado. Entonces, ¿qué opción real tiene una persona adulta mayor enferma?
El debate no es estar en contra de las aseguradoras ni negar que existen costos médicos crecientes. El problema es permitir que el acceso a la salud funcione sin límites mínimos de dignidad humana.
Lo mismo ocurre con el buró de crédito. Hoy una persona puede quedar marcada durante años por una deuda pequeña, incluso de unos cientos de pesos, derivada muchas veces de una mala racha, desempleo, enfermedad o una crisis familiar.
Incluso, después de regularizarse, siguen enfrentando obstáculos para acceder a créditos o vivienda. El sistema financiero sí sabe castigar rápido, pero no sabe perdonar. No distingue entre quien deliberadamente defrauda y quien atravesó un mal momento.
En México demasiados sistemas están diseñados para detectar riesgos, pero no para proteger a las personas. El país necesita empezar a discutir una verdadera agenda contra el abuso cotidiano. El abuso que vive quien espera meses o años para una cirugía, el de quien paga un seguro por décadas y lo pierde a envejecer o el de quien queda atrapado años en un historial negativo por una deuda mínima.
Ojalá que la postergación de estas iniciativas no responda a presiones de quienes se benefician de un sistema profundamente desigual.
POR IRAÍS REYES DE LA TORRES
COLABORADORA
MAAZ