Hace catorce años inicié una cruzada ciudadana que cambió mi vida pública para siempre. Como Presidente del Centro de Integración Ciudadana de Monterrey escuché, quizá por primera vez de manera directa, el miedo cotidiano de miles de familias: secuestros, robos, desapariciones y, sobre todo, extorsiones. Recuerdo con claridad las llamadas de comerciantes quebrados por el “cobro de piso”, madres de familia aterradas y ciudadanos que no sabían a quién acudir porque quienes debían protegerlos muchas veces también formaban parte del problema.
Hoy, catorce años después, regreso a esa causa.
He tomado la decisión de retomar el CIC Monterrey porque Nuevo León enfrenta una realidad alarmante: la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más graves en el estado y que más daño hacen a nuestra sociedad. Es un delito silencioso -de los menos denunciados- que destruye tranquilidad, paraliza y cierra negocios y rompe la confianza entre ciudadanos e instituciones.
Lo más grave es que hoy, muchas de estas prácticas no provienen solamente de la delincuencia organizada. Hoy existen ciudadanos y empresarios que denuncian presuntos abusos desde áreas gubernamentales, actores privados y políticos que con su poder, llevan a cabo inspecciones irregulares y presiones indebidas desde distintas dependencias.
Por eso decidimos construir nuevamente una plataforma ciudadana que acompañe, proteja y dé certeza a quienes tienen miedo de denunciar. Con un equipo de 30 profesionales y abogados, el CIC brindará acompañamiento gratuito, confidencial y permanente a todas las personas que se sientan vulnerables frente a un abuso o una extorsión.
Desde que retomamos la iniciativa, tenemos ya 123 casos en atención y 83 asuntos ya confirmados con procesos de extorsión o malas prácticas. Hay señalamientos relacionados con autoridades estatales, municipales e incluso actores vinculados a despachos que operan bajo los mismos patrones.
No podemos normalizarlo.
Hoy el Estado mexicano tiene mayores herramientas legales que hace una década.
Desde el Senado de la República, aprobamos la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, lo que permite perseguir este delito de oficio, evitando vacíos legales y conflictos de competencia que antes terminaban favoreciendo la impunidad.
Quiero ser muy claro: esta lucha no pretende sustituir el trabajo de instituciones públicas, de seguridad y justicia que deben, por ley, investigar, prevenir y castigar estos delitos. Por el contrario, animar a las personas a denunciar con respaldo y acompañamiento jurídico.
La iniciativa habilitará canales de contacto para facilitar la atención ciudadana, entre ellos, la página web del organismo y las redes sociales. El objetivo es que enfrentemos la extorsión de manera segura y rápida, al alcance de todos y todas las víctimas.
Hace catorce años iniciamos esta batalla desde la sociedad civil. Hoy la retomamos con más experiencia, más herramientas y la misma convicción: ningún ciudadano debe sentirse solo frente al miedo.
POR WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
COLABORADOR
PAL