La justicia en México es una especie de tabla de negociación donde la vida de las mujeres tiene un precio de liquidación. El caso de Sergio Arturo Alanís Ríos es el retrato de un sistema que, además de fallarles, actúa con una indiferencia criminal. En 2016, este sujeto asesinó a Alexis Gabriela García tras dispararle en el cuello frente a su madre y su hermana, a quienes también golpeó brutalmente. Hoy, tras cumplir apenas 10 años de una condena de 19, Alanís Ríos camina libre por las calles de Monterrey.
Su salida del penal de Cadereyta fue producto de un perverso acuerdo reparatorio. La justicia le permitió acceder a la libertad anticipada con la condición de pagar las cirugías de las víctimas que él mismo agredió. Es decir, su carta de salida fue cubrir los gastos médicos derivados de su propia saña. Un esquema en el que el castigo no es una medida correctiva, sino un premio para quien tiene los recursos para transaccionar su culpa.
Aquí, la cuestión no es si Sergio Arturo tiene derecho o no a rehacer su vida y empezar de cero; es que todo en este caso va mucho más allá de una simple historia de reinserción social. Lo primero que hizo Alanís al recuperar la libertad fue abrir cuentas en aplicaciones de citas como Bumble y Badoo. Un ‘reinicio’ que podría llevar exactamente a las mismas dinámicas de conquista y acecho que precedieron al asesinato de Alexis.
La impunidad comenzó desde la sentencia. A pesar de la naturaleza del crimen, no fue juzgado como feminicidio, sino como homicidio calificado. Esta reclasificación técnica le permitió acceder al “procedimiento abreviado”, un beneficio legal que reduce penas a cambio de confesiones, lo que ignora que 95 por ciento de los feminicidios en el país permanecen impunes, según cifras de Impunidad Cero. Al tipificar estos crímenes bajo categorías genéricas, el Estado borra la violencia de género del expediente y abre la puerta giratoria.
El estado de Nuevo León, que ocupa el segundo lugar nacional en feminicidios, con 21 casos registrados apenas en el primer trimestre de 2026, envía un mensaje de que matar a una mujer cuesta sólo una década de encierro y el pago de unas facturas hospitalarias. No existe un registro público de agresores que proteja a las usuarias en entornos digitales, ni filtros reales en las aplicaciones de citas que detecten antecedentes penales violentos.
Estamos ante una justicia que custodia los derechos del agresor mientras abandona a las víctimas al desamparo. La seguridad de las mujeres hoy no depende de las leyes. Tristemente, ante la indiferencia de las autoridades, la seguridad se reduce a las alertas que los colectivos feministas difunden en redes sociales para advertir sobre el rostro de un hombre que nunca dejó de ser un peligro. La reinserción social no es sobre devolver a un feminicida al mercado de citas sin supervisión ni conciencia. De lo contrario, el sistema es cómplice de la siguiente tragedia.
POR EMILIO CALDERÓN
COLABORADOR
EEZ